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Crisis y reestructuración capitalista en la región chilena:
Los callejones sin salida del reformismo y la necesidad de superar la impotencia de la perspectiva revolucionaria

 

Transcurrido ya casi medio año desde el cambio de mando, son pocas las cosas que pueden sorprendernos acerca de la gestión del gobierno de Boric, que no difiere de la más clásica contrarrevolución, salvo quizás el poco tiempo que le tomó develarse como tal (aunque ya vamos acostumbrándonos al ritmo vertiginoso de estas constataciones). Lo que se esbozaba en época de campaña[1] es ya hoy ideología de Estado, y es la seguridad interior, la salvaguarda del estado de derecho (que nunca ha sido otra cosa que el control represivo y aislamiento de la disidencia), la tarea que vertebra las políticas del bloque gobernante, en función siempre de las necesidades del capital.

Entregada la propuesta de nueva constitución tras un publicitado y televisado evento, con un costo de la vida bordeando lo insoportable, y la misma nula representatividad política real pre-revuelta, el actual gobierno de los tres ex-rostros de la burocracia estudiantil desmovilizadora del 2011 se parapeta y pretende encarar con espíritu juvenil estos momentos críticos, a la espera de un plebiscito poco alentador[2] y jugándose, más que cualquier otra cosa, su imagen, intentando dar muestras de capacidad de poner mano dura y orden tanto en lo público como dentro de su propia tienda política.

En un contexto de crisis del capital generalizada, Boric, a quien le cuesta mucho disimular su ego, quiere imprimir su propio estilo para salvaguardar la situación, pero la realidad es peor que la ficción y esta vez su oportunismo político, que lo llevó en pocos años a la presidencia del país, muy posiblemente no sea suficiente. En las siguientes líneas problematizamos sobre las principales “grietas” que aparecen en el escenario actual, que determinan las políticas del gobierno mismo, y que —y esto es lo que más nos importa— precipitan las condiciones para nuevas formas de enfrentamiento social, proceso que o bien se inscribe en la marcha destructiva del actual modo de producción capitalista, o profundiza las rupturas con ésta y comienza a afirmar una nueva forma de comunidad humana.

Contexto de crisis mundial

Todas las señales apuntan a que se producirá una recesión mundial para fines de este año, a lo que se suma la alta y persistente inflación que hemos sufrido desde el 2021. Estos no son más que los síntomas de un metabolismo social caduco: guerra, crisis alimentaria, deuda pública creciente[3], altas tasas de interés para contener la inflación —hasta julio se encuentra en el 9,75%—, cadenas de suministros frágiles y cortados por la guerra (Rusia-Ucrania) y la pandemia (China), posible fragmentación de la economía globalizada por el conflicto bélico y probable colapso financiero en el mediano plazo[4]. Con respecto a la crisis alimentaria que se viene anunciando hace algunos días, la analista Menker indica ante la ONU que: “(…) la situación es peor que los años 2007 y 2008, y actualmente existen cinco retos que ocurren simultáneamente: falta de fertilizantes, perturbaciones climáticas, inventarios mínimos de aceites de cocina, inventarios mínimos de cereales y cuellos de botella logísticos”[5], todo esto en un contexto irracional en el que se desperdicia alrededor del 17% de la comida mundial[6]. De esta manera, la presente crisis agrava la alimentación de amplios sectores de la humanidad proletarizada, quienes bajo la presión de no poder acceder a sus medios de subsistencia iniciarán revueltas en defensa de su reproducción como especie[7]. Por otra parte, la creciente inflación mundial sumada a la desaceleración económica generan un fenómeno conocido como estanflación: altos precios y bajo crecimiento económico, el cual no es ajeno a la situación en Chile: ”ya estamos en un periodo de estanflación, no es algo que vendrá en el futuro, la inflación alcanza un 11,5%, niveles no vistos en décadas, con subidas de precios bien generalizadas entre los productos de la canasta (…) Al mismo tiempo, los niveles de actividad vienen cayendo, y seguirán esa tendencia para el resto del año, lo que es natural luego de un 2021 artificialmente alto”[8],  tal como afirma Felipe Ramírez, economista jefe de Coopeuch al diario “El Mercurio”.

La recesión profundizará la misma contradicción, de la cual es consecuencia directa, que trata de contrarrestar la clase capitalista —capital personificado—: la relación capital-trabajo. Es probable que haya una centralización de capitales en menos capitalistas —fusiones y absorciones de empresas— y un mayor aumento de la composición orgánica del capital (mezcla de automatización, inteligencia artificial y digitalización), es decir, una mayor sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto[9]. Esta “contradicción en proceso” es hoy en día un callejón sin salida, que continuará acelerando la precarización de nuestras vidas y la destrucción de la naturaleza. A menos que la humanidad proletarizada supere el trabajo asalariado/enajenado como actividad propia del capital, lo que nos espera es una serie de catástrofes.

Se avecina una tormenta perfecta, una crisis en la cual no se ven salidas viables que marca el inicio del colapso desigual de la economía globalizada[10], y no se ve en el corto plazo que las medidas tomadas desde los distintos Estados e instituciones internacionales vayan a poder solucionar o amortiguar significativamente su impacto. La crisis de la reproducción del capital es también la crisis de la reproducción de la relación de clase, la desconexión entre estos dos polos de la relación capitalista necesariamente implicará luchas, pero estas luchas están aún inmersas en la inmediatez del capital, por lo que solo podrán superar esta situación produciendo una nueva dinámica de vida, un metabolismo social necesariamente internacional, comunitario e integrado a los ritmos del entorno natural, que se encuentran también dramáticamente alterados por los impactos de la actividad industrial capitalista.

El colapso desigual de la economía no significa el fin del capitalismo, el que más bien busca por todas las vías posibles reestructurar la relación capital-trabajo, y es probable que se manifieste en una disminución del acceso a trabajos formales y estables: esto traerá mayor tercerización, “uberización” e informalidad, como también aumento del narcotráfico, crimen organizado y delincuencia en general. También continuará el crecimiento del sector de servicios, habrá mayor presión sobre las materias primas[11] necesarias para la transición energética proclamada por el Green New Deal[12] —y como forma de contrarrestar la caída del quantum de valor contenido en las mercancías—, además de una gestión capitalista subordinada de forma creciente a la deuda y al mercado financiero, el cual también muestra síntomas de agotamiento[13], agravando las condiciones de vida de la humanidad proletarizada y repartiendo la billetera mundial en menos manos. Esta necesidad de reestructuración generará condiciones de luchas más violentas, una de cuyas consecuencias puede ser una neo-fascistización de la sociedad, entendida como un reflote de posiciones reaccionarias xenófobas, racistas, misóginas, homofóbicas, etc., que vinculen mediocremente el curso histórico autodestructivo del capital con algunas expresiones defendidas por el progresismo, el que enaltece un discurso de tolerancia cuyo interés real no consiste en defender y promover la diversidad propia de la humanidad, sino delimitarla y etiquetarla para así lograr su integración en las dinámicas de producción, circulación y consumo de mercancías. En esta dialéctica el Estado reforzará su rol histórico de garante de las relaciones de explotación y acumulación capitalista — reproducción del capital en su conjunto—, aun cuando esta explotación se revela cada vez más como una desconexión entre nuestra reproducción como proletari@s y la reproducción del capital, como un vampiro que en su agonía no deja de absorber la fuerza vital de l@s cada vez menos seres humanos presentes en los procesos productivos, mientras que ha expulsado a la mayoría a una creciente inestabilidad laboral. Por otra parte, la crisis climática, producto de la propia dinámica del capital, nos pone otra urgencia para superar este mundo: es muy plausible que, como consecuencia de la alteración temporal y espacial de los patrones climáticos, que redunda en un desfase con los ciclos vitales de muchas especies vegetales y animales, se produzca una disminución de la productividad agrícola[14], lo que anuncia el fin de los alimentos baratos y la era de las crisis alimentarias.

No es sencillo determinar la manera en que afectará la actual crisis del capital al desarrollo de la lucha de clases. Por un lado, vemos expresiones de creciente malestar en la humanidad proletarizada frente al aumento de los precios de mercancías indispensables —alimento, gas, arriendos, etc.—, el desalojo de familias de okupaciones habitacionales, represión sobre trabajador@s inmigrantes —much@s informales que trabajan de vendedor@s ambulantes—, destrucción y contaminación de ecosistemas en zonas de sacrificio, etc. Mientras que, por otro, proliferan las divisiones impuestas por la misma crisis, una descomposición de la sociedad que se manifiesta de forma violenta dentro de nuestra clase, y en la cual se apoyan los discursos nacionalistas, misóginos, xenofóbicos, y en contra de las disidencias sexuales.

La reestructuración capitalista, y, por tanto, la reestructuración de la relación entre clases, en su actual crisis requiere hoy de un mínimo de consenso en cuanto a la forma de explotar el trabajo y la tierra. Es en este contexto donde se enmarca la creación de una nueva Constitución y el actual gobierno de Boric, que intenta modernizar la relación capital-trabajo, a la vez que pone ciertos “límites” que pueden obstaculizar la apropiación de la plusvalía por parte de l@s capitalistas individuales, por ejemplo, mediante una reforma tributaria que redistribuiría una porción mayor de la plusvalía social hacia el Estado, lo que históricamente aparece como imposible debido a la descomposición del capital a nivel global.

 

Convención Constitucional: un nuevo marco nacional para las relaciones capitalistas

 El escenario manifiesto de crisis global del capital como relación social, entonces, se convierte en el punto de partida para comprender las dinámicas políticas que están operando a nivel institucional estatal y su forma de participación ciudadana, que es la aceptada y tolerada bajo los propios términos del Estado. Además, el análisis de esta crisis del capital debe considerarse entrelazando las esferas no-separadas de la economía y de lo social-político en tanto conflicto de clases, que parecen estar en clara contradicción desde hace algún tiempo, incluso antes de la pandemia del Covid-19, con el estallido de revueltas sociales en un lapsus acotado alrededor del mundo, entre fines del 2018 y 2020, lo cual ha inaugurado una nueva oleada de luchas, que encuentra en sus orígenes materiales el aumento en el costo de la vida, la deuda pública y la deslegitimación de los gobiernos debido a la corrupción[15]. Por su parte, la situación impuesta por la pandemia a la economía globalizada no ha hecho más que acentuar las contradicciones de la sociedad de clases —aumento del fenómeno de la concentración del capital, la desigualdad e inflación—, entrando actualmente la economía capitalista en un peligro de recesión latente, generando aún más fricción social y transformando las relaciones entre las clases en una olla a presión a punto de saltar por los aires. Aparte de la crisis interna de la economía, el “libre” flujo del capital depende de la situación en que se encuentre la lucha de clases y de la correspondiente “paz social” que posibilita, la cual puede entorpecer las proyecciones de inversión y “crecimiento” o incluso interrumpir momentáneamente los circuitos de circulación mercantil e intercambio entre capital-trabajo.

Un informe del FMI publicado en enero de 2021, pronostica que el malestar acrecentado por la gestión de la pandemia significa el “riesgo” de nuevas oleadas de conflictos sociales, así como resalta la existencia de “redes de protección social insuficientes” y que las causas de este malestar social son anteriores y más profundas a la misma pandemia[16], es decir, anticipa la necesidad de reformas a nivel estructural-estatal respecto a las condiciones sociales de reproducción capitalista, en clave social-demócrata, si es que se quieren evitar este tipo de acontecimientos en el futuro próximo. De lo anterior, es coherente el giro político que América Latina ha ido tomando estos dos últimos años, con la instalación de un polo geo-político de gobiernos de izquierda en la mayoría de los países (Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, Colombia, y lo más probable es que se sume Brasil con Lula este año) que han sabido aprovechar electoralmente el escenario de crisis abierto y prometer “una salida” a las políticas neoliberales[17] que caracterizaron a la última reestructuración capitalista desde los años 70-80 —se puede prever las nulas posibilidades de cumplirse de estas promesas progresistas, tal como ya lo vimos a principios del siglo XXI con los casos de Bolivia, Ecuador o Venezuela—. ¿Escapar de la crisis multidimensional del capital en que nos encontramos, depende de la sola voluntad gobernante de la izquierda progresista?

Este es el contexto histórico específico en que se inserta y debe comprenderse la instalación de la Convención Constitucional en Chile. La función de escribir una nueva Constitución política, responde a la necesidad de otorgar una nueva legitimidad al funcionamiento de la extracción de plusvalía en este territorio, en particular ante la crisis de dominación de clase que representó el fenómeno de la revuelta durante el 2019. La revuelta generalizada de octubre fue posible de contener gracias al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre, que inclusive si no se considera el efecto desmovilizador que tuvo posteriormente la pandemia y el estado de excepción, ya daba un amplio margen de maniobra a la clase gobernante para frenar las experiencias más interesantes de autoorganización surgidas del mismo levantamiento. De esta forma, se logró instalar la demanda por una nueva Constitución como el pilar fundamental de resolución del conflicto social y, en efecto, ya desde enero de 2020 varias “Asambleas Territoriales” y otras expresiones del movimiento se perfilaban como comandos del plebiscito que en un primer momento se realizaría en abril de ese año. La Convención Constitucional, que ahora en el preámbulo del texto de su propuesta final pretende invisibilizar el origen que le dio existencia al quitar la alusión al “estallido social”[18] y mistificar un pretendido armonioso y “libremente acordado” proceso “participativo, paritario y democrático”, fue aquella válvula de escape utilizada para descomprimir las contradicciones de la lucha de clases en la sociedad capitalista que en 2019 se expresaron en forma de una revuelta anárquica de una magnitud histórica, logrando contener la rabia y apertura de un momento de enfrentamiento y negación tal cual se manifestó en un comienzo. Pero los mecanismos de contención democráticos vencieron a dicho momento de enfrentamiento, y encauzaron la contradicción de clases nuevamente a una normalidad que ha permitido seguir reproduciendo todas las presuposiciones y categorías elementales de la relación social capitalista[19]; la contrarrevolución en curso tiene un carácter democrático porque pretende dar una renovada validez social y relanzar nuevas condiciones a la dominación social, que sirven al objetivo de “modernizar” las relaciones capitalistas.

En este sentido, la nueva Constitución quiere dar respuesta a diferentes contradicciones de la sociedad capitalista pero dentro de su propio terreno. Así, por ejemplo, desde el 1° artículo de la propuesta constitucional se declara al Estado como plurinacional y ecológico, que atañe a dos puntos de conflicto importantes al actual desarrollo del capital en este territorio. Por una parte, lo plurinacional aplica sobre todo para descomprimir el conflicto (histórico) del Estado-capital con las comunidades mapuche en el sur, afirmándose en el Artículo 34 que los “pueblos y naciones indígenas” tienen el “derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura; a la identidad y cosmovisión; al patrimonio; a la lengua; al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos, en su dimensión material e inmaterial”; si bien en el Artículo 79 se establece la restitución como “un mecanismo preferente de reparación” en referencia a la cuestión territorial y no solamente de reconocimiento cultural, esto se realiza integrando legalmente a las comunidades dentro del Estado chileno, el cual otorgará “especial protección” a la “propiedad de las tierras indígenas” estableciendo “instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”. Para el Estado propuesto por la nueva Constitución la “autonomía territorial indígena” se entiende como una “entidad territorial dotada de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio” que ejerce sus “derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales” del Estado, el cual recordemos, se concibe como “único e indivisible”. Esta “autonomía” se circunscribe al marco de la dominación estatal, y supone que, integrando jurídicamente a las comunidades en la estructura política estatal, el conflicto con los intereses extractivistas-capitalistas de la industria forestal en las zonas de conflicto cesará o se atenuará.

Por otro lado, en relación a la destrucción ecológica provocada por el modelo de desarrollo capitalista, la nueva propuesta de Constitución la “enfrenta” dotando a la naturaleza de derechos que deben ser garantizados y promovidos por el Estado, el cual según el Artículo 59 “regula y fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental”. Asimismo, en el Artículo 148 se hace mención a la creación de un “órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Defensoría de la Naturaleza” que deberá velar por el cumplimiento de sus derechos, pero, más allá de este nuevo marco legal, es a lo menos ingenuo creer que el Estado puede lograr garantizar los “equilibrios dinámicos” necesarios para la biodiversidad, sin poner en entredicho ninguna de las categorías fundamentales de la economía capitalista, ni cuestionando el mito de la productividad que no puede dejar nunca de crecer para lograr el deseado bienestar. De esta forma, por ejemplo, la actividad minera, una de las que posee un mayor impacto ambiental, no se ve cuestionada, sino todo lo contrario; en esta materia, la nueva Constitución no va más allá de lo que las propias firmas mineras asumían como un “compromiso” desde antes[20], prometiendo una minería sustentable y respetuosa del marco legal, para mejor competir en el mercado internacional. Tampoco es novedosa esta normativa. Ya Bolivia y, sobre todo, Ecuador, daban un tratamiento especial a esta temática, lo que no ha sido impedimento para que el desarrollo capitalista arrasara ecosistemas y profundizara las fricciones con las comunidades indígenas que habitan estos territorios. Ejemplos paradigmáticos de esto son la carretera del TIPNIS en Bolivia[21], y los proyectos petrolíferos en Ecuador[22], los cuales generaron importantes conflictos sociales.

Por otra parte, en Chile la sequía lleva más de 10 años, y es probable que siga intensificándose producto del saqueo de la industria (agrícola y minera principalmente) y también como consecuencia del cambio climático. En este sentido los Artículos 57 y 58 postulan una contradicción entre las necesidades del capital y la supuesta prioridad que la nueva Constitución quiere otorgarle a los requerimientos humanos sobre el uso del agua. La industria no puede prescindir del agua para sus procesos productivos, y si se ven afectados es probable que impacte sobre el trabajo en las zonas dónde se insertan, problema que no tiene solución dentro del modo de producción capitalista.

Las soluciones a las contradicciones sociales del capital que la socialdemocracia se plantea e imagina, presuponen todas las categorías básicas de la sociedad mercantil. Para la izquierda progresista, se trata de afrontar las crisis de la relación capitalista construyendo un nuevo “Estado de bienestar” a base de, en el mejor de los casos, buenas intenciones, cuando no simplemente atendiendo a sus intereses como expresión de sectores determinados de la clase capitalista, o puro y simple clientelismo político. Pero los términos de la crisis en que nos encontramos sobrepasan su voluntarismo “inocente” y la dimensión del “Estado-nación” que quieren administrar. Las tendencias históricas de las leyes del valor y capital no dependen de una casta política que intente gestionar las relaciones capitalistas de una manera “más igualitaria”[23]. No es más que un intento de modificar las relaciones sociales materiales a través de un texto que se dispone a reorganizar el Estado y su marco legal, Estado ahora “social y democrático de derecho” al cual en el Artículo 1 de la propuesta se le atribuye la función general de “generar las condiciones necesarias para asegurar igual goce de los derechos”, pero se hace abstracción del encuadramiento de facto de las relaciones sociales a las condiciones concretas de vida que nos impone el capitalismo, operando desde un mero formalismo que se desvanece ante cualquier análisis material serio de la realidad de esta sociedad mercantil y de clases.

Si bien a nivel local la necesidad de reestructuración de las relaciones capitalistas fue acelerada por la revuelta de 2019 y el conflicto de clases abierto, encontrándose la clase capitalista y gobernante en la obligación de iniciar un proceso de “modernización” de las condiciones para la reproducción del capital por medio de una nueva Constitución, este hecho no quita la nula maniobra que esta reestructuración progresista es capaz de ejecutar a largo plazo debido al contexto de crisis de valorización y ecológica de la relación global del capital en que nos encontramos, lo cual acentúa aún más la imposibilidad de establecer un “Estado de Bienestar” garante de derechos sociales en un contexto periférico del capitalismo global.

 

“Administración Boric”: los nuevos gendarmes frente a la actual encrucijada

Supuestamente, el proceso constituyente pactado contra la revuelta debía ser resguardado por un gobierno de centroizquierda, el que terminó por imponerse el año pasado con relativa facilidad en segunda vuelta (55%), contra el candidato de derecha (Kast) que logró agrupar tras de sí a los sectores más rancios, pero tradicionales, de su sector, el cual ya venía notoriamente golpeado en cuanto a cantidad de votos tras los eventos electorales precedentes[24]. Como mencionábamos más atrás, los meses que han transcurrido desde que asumió el nuevo gobierno han sido suficientes para prodigar ejemplos que dan por ciertas muchas previsiones de lo que representaría un periodo presidencial comandado por un bloque Frente Amplio-P”C”: una marcada línea de continuidad con las administraciones de la Concertación y la Nueva Mayoría, expresada en la inclusión de muchos personajes de los partidos de estos conglomerados en varios puestos relevantes, destacando el cargo de ministro de Hacienda entregado a Mario Marcel, funcionario clave en estos gobiernos desde los 90, constituyendo una señal clara de tranquilidad para los grandes capitales de la región, o también Manuel Monsalve (PS) y Eduardo Vergara (PPD) en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (este último ya trabajó en materias de “seguridad pública” en el segundo período de Bachelet); mantención e incremento de la represión policial-militar (declaración de estado de excepción para el norte grande, a raíz de la crisis migratoria, y para la que llaman “macrozona sur”, con el fin de reprimir comunidades mapuche), impunidad para responsables del terrorismo de Estado durante la revuelta, por ejemplo, manteniendo en el cargo de General director de Carabineros a Ricardo Yáñez y deshaciendo cualquier intento de reformar o “refundar” la institución, como el mismo Boric había anunciado en tiempos de campaña, ninguna solución a la prisión política, particularmente respecto a l@s pres@s de la revuelta[25], cuyos procesos siguen con casi nula modificación en comparación con lo que sucedía en el gobierno de Piñera (negacionismo de la prisión política incluido), y un largo etcétera.

En el discurso de su primera cuenta pública como presidente[26], el otrora burócrata estudiantil resumió lo que es y será la política de su gobierno en el actual contexto de crisis, y por tanto tomaremos de éste algunos elementos que nos permiten caracterizarlo y comprenderlo. Las medidas anunciadas las agrupó en torno a 5 ejes, a saber: Derechos Sociales, Mejor Democracia, Justicia y Seguridad, Crecimiento Inclusivo y Medio Ambiente. Más allá de la tibieza acostumbrada, lo que queda claro es la intención de ofrecer a la inversión capitalista un territorio pacificado, recurriendo para ello tanto a la domesticación de ciertas expresiones de descontento social, como al endurecimiento de la represión. Todo esto edulcorado con un mensaje de unidad nacional, en la que se encarga de destacar la importancia del empresariado en el proceso (ninguna diferencia ni siquiera superficial con los gobiernos anteriores):

“Su presencia [la de empresarios] en esta cuenta pública es una señal de voluntad por caminar juntos hacia un Chile mejor. A ustedes les digo, que mi gobierno está trabajando para construir las condiciones de estabilidad necesarias para que Chile crezca y se desarrolle”.

“Condiciones de estabilidad” es igual a pacificación social. Crecimiento y desarrollo es intensificación de las lógicas capitalistas en la región.

Todas las medidas se subordinan entonces a la necesidad de fortalecer el aparato estatal y fomentar la inversión y el crecimiento, lo que en un país como Chile significa sobre todo aumentar la depredación sobre los “recursos naturales” —exacerbando la actividad extractivista— y precarización laboral, disfrazada de flexibilidad y modernización, lo que en conjunto contribuye a una más intensa pauperización de las condiciones de vida de quienes habitamos este territorio.

Respecto a “Derechos Sociales”, sus anuncios no están ni cerca de lo que el reformismo tradicional podría al menos discursivamente anhelar. Por ejemplo, se habla de apenas una reforma al sistema de pensiones (recordemos que la eliminación de las AFP, y no su mero reacomodo, era una de las reivindicaciones que más fuerte se dejaba sentir durante la revuelta). También se presentó un proyecto de mejora en acceso a la salud, alabando al mismo tiempo “los avances sustantivos realizados durante los gobiernos del expresidente Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet” (sic). Lo propio se hace en materia de educación, donde vuelve a jactarse del “primer reajuste en 10 años” de la Beca de Alimentación para estudiantes universitari@s (menos de $5.000), promete “no más deuda por estudiar” (ya sabemos el chiste de la condonación del CAE: si pagas se elimina la deuda[27]), y otros pocos maquillajes más mientras muchos recintos de educación básica y secundaria se caen a pedazos, las colaciones y almuerzos son denunciados en todas partes como humillantes[28], y muchos no cuentan con condiciones de higiene mínimas. Ante las intensas movilizaciones de estudiantes secundari@s en varias ciudades, la respuesta desde el Estado ha sido, cómo no, invariante: feroz represión (ya hay adolescentes secuestrados por el Estado). Otra medida anunciada corresponde a la implementación de la jornada laboral en 40 horas[29] (“considerando la adaptabilidad y la gradualidad en su implementación”), que más que favorecer la calidad de vida de l@s trabajador@s, quienes por lo demás cuentan con empleos precarios inmunes a estas disposiciones[30], está pensada en un mayor rendimiento y productividad, en línea con la flexibilidad que el mercado laboral exige para seguir exprimiéndonos.

En línea con el compromiso en materia represiva que este gobierno viene anunciando desde su campaña, que por otra parte ya tiene como antecedentes directos la complicidad que los grupos políticos que lo componen tuvieron en la firma de leyes criminalizadoras frente a la revuelta, negociadas con el gobierno de Piñera, Boric manifestó su apoyo a la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Baste recordar que donde sea que los gobiernos intenten incrementar sus capacidades represivas, encontrarán en el combate a la delincuencia común y el crimen organizado su mejor excusa. Es en este sentido que el mandatario anuncia reformar a Carabineros: “La reforma es por la institución y no en contra de ella”. Así, asegura un aumento de la dotación de efectivos, inversión en nueva infraestructura, y aumento de la capacidad operativa policial, para lo cual se invertirán “4.500 millones de pesos para la compra de camionetas blindadas”. También se invertirán otros tantos millones en la Policía de Investigaciones. Pero, como decíamos, en el nombre del combate al narcotráfico y crimen organizado, se implementará una “Política Nacional Contra el Crimen Organizado”, destinando “3.000 millones de pesos del presupuesto 2022 para su prevención”, y dándole prioridad a la tramitación de un “paquete legislativo que permitirá aumentar la efectividad de la persecución penal del crimen organizado que incluye mejorar las técnicas de investigación, enajenación temprana, fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Análisis Financiero y la actualización de la tipificación de la asociación ilícita”, herramientas que evidentemente les serán muy útiles para perseguir a las expresiones de resistencia y acción directa del movimiento mapuche autonomista, uno de los principales focos de conflicto de la región chilena que pone en jaque la reproducción capitalista en una amplia y económicamente estratégica zona.

Pero lo crucial es ir más allá del ejercicio de analizar críticamente cada medida o anuncio del actual gobierno, protestando que estas sean equivocadas o insuficientes; nos interesa intentar comprender su función general en el actual contexto y evaluar las consecuencias que se derivan de aquella[31].

Es en este sentido que reconocemos como eje central al que se subordinan las demás políticas estatales aquel que llaman Crecimiento Inclusivo; Boric y comparsa han rápidamente dado señales de querer incentivar inversiones del gran capital por todo el territorio, en un envoltorio multicolor que se promociona de respetuoso con el ambiente y las comunidades.

Así, partió señalando la necesidad de una reforma tributaria, que en sus palabras “atacaría las bases de la desigualdad” (aunque se apura en señalar que enfrentará “esta tarea sin dogmatismos ni arrogancia, dispuestos a escuchar”), pero para en seguida aclarar que:

“Mientras avanzamos en esta tarea, debemos hacernos cargo de un segundo desafío: fortalecer las bases para un crecimiento sostenible en el largo plazo. Para esto, lo primero es recuperar la inversión, que es necesaria no sólo como fuente de ampliación de la capacidad productiva, sino como vehículo del progreso tecnológico, la innovación y la aplicación del conocimiento”.

 La urgencia es entonces recuperar la inversión. Y su discurso en esta parte es totalmente transparente en sus intenciones:

 “Recuperar la inversión requiere sin duda reducir la incertidumbre y generar buenas condiciones financieras. (…) Un país que está fracturado socialmente no puede crecer”.

Con esto queda absolutamente claro que todas las iniciativas de las distintas expresiones del progresismo izquierdista no tienen otro norte que el de apaciguar cualquier conflictividad social para dar tranquilidad a las actividades capitalistas. En esta visión, la supuesta meta de reducir la inmensa brecha económica entre las capas sociales se evidencia como una de las vías para alcanzar esta estabilidad y reducir la incertidumbre para el mercado: “una distribución más justa de la renta es condición necesaria para que retomemos el camino del desarrollo”.

Y este desarrollo, al que adjetivan de “justo, inclusivo y sustentable”, estaría basado en un ritmo de crecimiento del 1.5% anual: “A inicios de los años 2000 durante el mandato del Presidente Lagos se logró. Hoy también podemos”. Son conocidas, pero diligentemente olvidadas por la izquierda del capital, las consecuencias sociales y ambientales de las políticas de crecimiento económico de Lagos. Por otra parte, no deja de ser significativa la permanente identificación con los gobiernos de Lagos y Bachelet de parte de este gobierno. Tal como se esperaba, en muchos aspectos centrales, Boric y compañía son pura continuidad y profundización del rol de la ex-Concertación.

Destaca dentro de los anuncios específicos para promover la inversión en materia de Energía, el desarrollo de la industria del Hidrógeno Verde (que en cualquier caso ya había anunciado Piñera en septiembre de 2021). Esto no tiene nada de “ecológico”. Corresponde a una política exigida por el capital internacional para acceder a fuentes de energía, cada vez más esquivas, que permitan la valorización del valor. Este “crecimiento limpio” no es más que una de las pocas opciones que la clase capitalista cree que tiene para mantener con vida el mundo mercantil. Pero de “limpia” esta industria tiene bien poco. El agotamiento y la dificultad de explotar nuevas fuentes de combustible fósil provoca que la “descarbonificación” sea la salida para el capital, no por una toma de conciencia frente al catastrófico escenario de calentamiento global causado por la actividad industrial, sino como necesidad para mantener la ganancia. A raíz de este tema, ya se habla de un nuevo “colonialismo energético”[32], pues los gobiernos y grandes empresas que necesitan de esta energía, situadas en Europa, no pueden desarrollar esta industria en sus territorios, ya que los volúmenes de agua que se requieren para una explotación suficiente del recurso no se encuentran allí. Nuestro gobierno se ha puesto totalmente a disposición de estas políticas. De esta forma, se incentiva la inversión en megaproyectos estratégicos respecto a fuentes de energía y materias primas (recordemos que en Chile alrededor del 15% del PIB corresponde a la megaminería), en concordancia con las necesidades del capital internacional, anunciando al mismo tiempo las políticas y herramientas represivas que le permitirán pacificar determinados conflictos y ofrecer el orden social necesario que el crecimiento capitalista requiere.

 

La piedra en el zapato del progresismo: escalada del conflicto mapuche

Desde la fundación de la CAM, luego de los sucesos de Lumaco el 1 de diciembre de 1997[33], el movimiento mapuche autónomo ha ido de manera lenta pero segura, fortaleciéndose y creciendo en influencia, poniendo énfasis en principalmente dos tipos de actividad revolucionaria: el sabotaje a infraestructuras capitalistas y/o estatales y la recuperación y control territorial, mediante la acción directa de masas, de miles de hectáreas arrancadas por la fuerza a la industria forestal y a grandes latifundistas. A esto se le suma la revitalización de la lengua mapudungun y su cosmovisión ancestral, como ejes centrales de la lucha. Y lo que es más relevante, es que todos estos elementos se encuentran bajo un discurso marcadamente antiestatal y anticapitalista.

En los últimos años, este movimiento experimentó una radicalización y extensión en las comunidades, proceso en el que influyó de manera determinante la revuelta del 18 de octubre: al descomprimirse durante meses la militarización del Wallmapu, producto de la agitación y movilización permanente de amplias capas del proletariado en todo el país, se brindó una oportunidad inédita que no desaprovechó el movimiento mapuche autónomo para no solo afianzar su ya importante presencia, sino que para extenderse de manera explosiva mucho más allá de sus “tradicionales” zonas de acción. En abril de 2021 ya se contaba con un aumento del 688% en la recuperación de tierras[34], los sabotajes se multiplicaron de forma exponencial y también diversas expresiones armadas mapuche —algunas no tan nuevas[35]— hicieron su aparición pública. La revuelta actuó entonces como un factor acelerador de dichos procesos, dándole un impulso efectivo, pero que en todo caso no puede verse como una causa-efecto sin considerar las luchas previas que vienen sosteniendo desde hace décadas los sectores más radicales de l@s mapuche.

Respecto a la existencia de “grupos armados” mapuche queremos subrayar algunos elementos: salvo algunas excepciones —que, sin embargo, son preocupantes—, existe una clara articulación entre estas expresiones armadas y las acciones comunitarias de recuperación de territorio, por lo que sería erróneo considerarlas como parte de una “violencia separada” dentro del conflicto. El proceso armado y de recuperación (catalogado por l@s mapuche como la “reconstrucción de la nación mapuche”) se ligan y refuerzan mutuamente. Es por esta razón que al Estado se le hace cada vez más difícil reprimir en términos policiales-militares a estas expresiones combativas de lucha, ya que están ancladas en acciones comunitarias y masivas que ya son hegemónicas en vastas áreas geográficas, que se han convertido de facto en “zonas liberadas”.

Es por esta razón que la nueva administración progresista del Estado ha manifestado la urgente necesidad de “aislar” a las comunidades entre sí, diferenciando entre quienes apoyan la autonomía y la acción directa con las armas en la mano, y quienes optan por las soluciones legales mediante el diálogo con instituciones del Estado como la CONADI.  Los proyectos de devolución de tierras ancestrales que está planeando implementar el nuevo gobierno izquierdista quieren establecer como condición que las comunidades que postulen a las restituciones legales no hayan estado vinculadas a procesos de expropiación “ilegales”. Se comprende así que la estrategia del actual gobierno para contener la lucha mapuche en la “macrozona sur” es doble, por un lado busca generar procesos de cooptación de comunidades a través de la restitución de tierras y una nueva institucionalidad[36] para el diálogo, mientras que por otro lado, criminaliza las expresiones radicales haciendo uso de reformas jurídicas —ley de control de armas y el fracasado proyecto de ley sobre resguardo de infraestructura crítica— y generando un discurso de “crimen organizado” sobre estas expresiones, metiendo en el mismo saco tanto las acciones de sabotaje como el incipiente narcotráfico en la zona. La escalada de violencia en el Wallmapu demuestra la lucidez de algunas expresiones mapuche que no bajan la guardia y que desbordan al Estado, poniendo en jaque a los intereses de la burguesía en el territorio mapuche[37].

A pesar de las claras limitaciones nacionalistas —o “nacionalitarias” como propugnan algun@s— presentes en las orgánicas y comunidades mapuche en lucha contra el Estado y el capital, no se puede negar el interesante potencial de ruptura que poseen, dada su tradición de “pueblo ancestral” que históricamente ha resistido a la imposición total de la relación social mercantil. L@s mapuche entienden que el enfrentamiento contra el Estado-capital implica la defensa de una forma de vida comunitaria, y no meramente gestionar de mejor manera el orden capitalista o distribuir equitativamente el producto de la explotación. Otro elemento importante, que también defienden l@s mapuche, es la conciencia y práctica de respeto hacia los ciclos naturales de la tierra, el cual tiene que ser un elemento de partida hoy, de toda teoría comunista de cambio.

Sin embargo, no todo funciona de manera ideal y sin contradicciones, y hay algunos “peligros” que se están evidenciando. Por una parte, el importante flujo de dinero proveniente de la venta de madera y de todo lo que implican los procesos de recuperación territorial, puede generar una competencia y conflicto de carácter interno, y en el peor de los casos, una autogestión colectiva extractivista del negocio forestal en base a los monocultivos que existen en la actualidad: no podemos nunca olvidar que las relaciones mercantiles escapan al control de los seres humanos, y que tienen su propia lógica que actúa como un factor disolvente de las relaciones comunitarias. Por otra parte, el segundo problema ya lo habíamos tocado superficialmente, y es la latencia de la deriva “lucharmadista”, es decir, de ejercer la violencia de manera separada, especializada, y también irracional, atacando y cobrando vidas de personas —en muchos casos trabajador@s—, que, si bien existe hoy en menor proporción, ha sido rechazada tajantemente por la abrumadora mayoría de las comunidades en lucha y los referentes armados del movimiento mapuche autónomo. Si estas dos cuestiones se generalizan, se producirán luchas al interior y entre comunidades, lo que beneficiará a la estrategia de aislar y criminalizar, para luego aplastar, a los sectores que no han caído en la ilusión de la constituyente y la integración vía Estado plurinacional, que busca implementar el nuevo gobierno de Boric[38].

 

Ausencia de perspectivas revolucionarias frente a la descomposición social

El ritmo cada vez más apresurado con el que se suceden los acontecimientos en el ciclo de crisis actual de la reproducción capitalista se nos presenta como una inmensa sucesión de catástrofes. Muchas de las previsiones elaboradas por distintas expresiones del anticapitalismo radical, previsiones surgidas de la constatación del carácter inmanentemente destructivo de la reproducción capitalista sobre los seres humanos, la biosfera y todo lo que habita en ella, se cumplen a un ritmo apabullante.

Quienes aseguran que no se trata, sino que, de otra de sus crisis cíclicas, argumentando que el presunto día de la crisis terminal del capitalismo ha sido vaticinado desde hace décadas sin jamás cumplirse, olvidan la idea de una crisis sistémica, de reproducción del capital y por ende “terminal” en un amplio sentido. No se trata de una predicción mesiánica, sino de una constatación práctica: no es un evento puntual que ocurrirá en un futuro próximo o lejano, sino que es la forma en la que se perpetúa el capital en medio de esta sucesión de eventos catastróficos producidos por su mismo modo de producción, y que tarde o temprano derivará en un colapso general expresado de forma regionalmente desigual[39].

De entre los distintos planos en los que la degradación de la vida actual se evidencia de una manera irrefutable, y que compone una de las distintas dimensiones de la crisis global en curso, se encuentra la violencia y, en particular, una violencia generalizada, indiscriminada, y que a diferencia de sus anteriores expresiones desecha cualquier vínculo social con la rapidez característica de la época actual.

 La degradación psíquica de los sujetos socializados bajo la dominación capitalista (es decir, prácticamente toda la humanidad) es cada vez más reconocida, estudiada y denunciada tanto por los sectores críticos de la sociedad como por la ciencia oficial; no es necesario ser psicólogo para advertir la tendencia creciente al aislamiento de las personas, resultado de su pobreza material y, por ende, afectiva. Si en los centros de acumulación la tecnificación de la producción diluye de forma cada vez más intensa y generalizada los lazos sociales, en las regiones periféricas es la precarización creciente de sus condiciones inmediatas de subsistencia lo que empobrece psíquica y materialmente al individuo.

Esta degradación psíquica de los sujetos modernos ha sido apuntada como la causa de la violencia social generalizada, y mientras la salud mental solo ha sido reconsiderada y puesta como nuevo artículo de consumo a propósito de la pandemia, pareciera como si esta violencia acumulada durante décadas hubiese explotado recientemente de maneras que sería imposible no advertir. La crisis de la salud mental ha colapsado prácticamente el sistema educativo con un fenómeno creciente de suicidios y violencia escolar en el país; a nivel nacional y mundial las estadísticas afirman un aumento preocupante en los síntomas de depresión, ansiedad y comportamientos suicidas; la violencia intrafamiliar ha subido explosivamente en los últimos dos años; y la crisis del trabajo y migratoria, junto con la inflación y el desarrollo de la cultura de la inseguridad han producido niveles de egoísmo y enemistad que son difíciles de medir pero que son fácilmente reconocibles.

El sinsentido que entraña la lógica autorreferencial del modo de vida capitalista y del trabajo, del producir por producir y la valorización del valor, condiciona y reproduce el sinsentido de la vida de las personas, y la violencia que comportan. La crisis revela tristemente como ante la ausencia de perspectiva revolucionaria frente a la misma, l@s explotad@s y desposeíd@s proyectan sobre ell@s su misma violencia.

En el caso local —pero que puede ser aplicado a escala global— la revuelta de octubre volcó sobre las calles una violencia contenida y presente subterráneamente durante décadas, pero dándole un carácter social que eliminó incluso viejas fronteras generacionales, culturales e identitarias presentes en nuestra clase. Este nivel de violencia contenida fue tanta y explotó en tal magnitud que hoy a casi tres años de la revuelta y con la mayoría de sus expresiones prácticamente muertas, sigue penando en la vida social y política del país, y estamos muy lejos aún de ser testigos de su desarrollo último. El proceso constituyente y democrático pretendió y pretende eliminar vía conciliación esta herida aún fresca, y contando con un apoyo real mínimo y principalmente basado en una lealtad siempre ideológica hacia la Convención Constitucional y el proceso constituyente, sumado a una bancarrota histórica del anticapitalismo tras el giro democrático de much@s y la ausencia de perspectiva revolucionaria, ha eliminado el carácter social que direccionaba, aunque fuera de manera difusa, toda esta violencia que explotó en octubre.

La frustración, la decepción y la tendencia al aislamiento es algo que podemos constatar tanto en las minorías revolucionarias como en el proletariado en general, y que solo pueden ser contrarrestadas por los intentos y la ilusión, a estas alturas evidentemente absurda, en el proceso constituyente y el gobierno de Apruebo Dignidad. Así, miles de proletari@s se quedaron con la rabia en medio de un conflicto abierto, con peores condiciones de vida, condenad@s y permeables a las nuevas butifarras políticas anticorrupción, al apoliticismo o a la simple violencia doméstica —fortaleciendo aún más las islas de la guerra del tod@s contra tod@s—.

Los sectores de la contestación social y las minorías anticapitalistas también dan cuenta de los síntomas de la violencia sin sentido, sumándole una cuota de desesperación propia del contexto de contrarrevolución. Ciertas expresiones de hooliganismo y, en ocasiones, de violencia artera e indiscriminada, son patentes en el llamado bloque negro desde hace años y que detonaron de manera trágica el 1 de Mayo pasado con el enfrentamiento contra las mafias del comercio ambulante en Meiggs y el asesinato de Francisca Sandoval[40]. Este ánimo derivó en ataques indiscriminados a cualquier comerciante ambulante o consignas como “ambulante perkin”, pero ya podía ser rastreado ante los primeros síntomas del agotamiento de la revuelta, donde en ocasiones la agresividad que estaba reservada para la policía parece haber derivado en una forma de pura demostración y violencia sin objeto que se podía desplegar al mismo nivel en contra otr@s manifestantes, o “ciudadan@s” que puedan interponérseles o ser mínimamente sospechos@s de defensor@s del orden: en las acusaciones en muchas ocasiones infundadas de ser “paco”, “sapo” o colaborador de algún tipo, muchas de las cuales han terminado en verdaderos linchamientos, o en roces de cualquier tipo que culminan en consecuencias iguales o similares; expresiones todas de una violencia que no requiere de ninguna razón para justificarse salvo la mera oportunidad de desplegarla.

Por otro lado, o al frente siendo precisos, la cuestión no es mucho más alentadora. Es sabido el pánico que generó de inmediato la revuelta de octubre a la burguesía chilena y especialmente a sus figuras más conservadoras, que venían amasando grotescas fortunas a costa del “modelo chileno”. Sin querer elogiarl@s, todo este sector captó la profundidad de la ruptura sucedida de mucho mejor manera que todo el espectro del movimiento social, para quienes todo este proceso no pasó de ser una anecdótica suma al calendario reivindicativo chileno, reconociéndola incluso de inmediato como una revolución. La desesperación ante el proceso que tenían en frente y la bancarrota de su representatividad, sobre todo tras los porcentajes del plebiscito de entrada, los llevó a una crisis que todavía hoy no logran sopesar y que solo a momentos ven artificialmente contrarrestada, como en las primarias donde salió Kast como favorito o en las actuales encuestas que hoy dan por ganador al “Rechazo”. Independiente de sus reordenamientos políticos estratégicos, quedó bien claro que frente a su debacle política quedó, igualmente que, en el otro sector, el ánimo de la violencia desesperada. Hoy tanto frente a la situación sobre todo en el Wallmapu, como en las exageradamente temidas consecuencias económicas y sociales del programa socialdemócrata, estos sectores invocan tanto el viejo golpismo como su versión “molecular disipada”[41].

Claramente, la contrarrevolución democrática no actuó sobre la violencia como tal, sino que le quitó el único sentido realmente peligroso para el desarrollo normal del capital: el de la revolución social. El gobierno de Apruebo Dignidad hace vista gorda olímpicamente de todos estos explosivos elementos presentes en la situación actual, reacciona esquemáticamente con el palo y la zanahoria y sin ninguna novedad espera como todo gobierno que el conflicto le explote al siguiente. Quiere pasar por encima de ellos políticamente como la historia le ha enseñado, y quiere “pasar a la historia” por su gestión sin percatarse que está ya en la historia misma, comiendo en la mesa con los elementos de su descomposición.

 

Límites y perspectivas para nuestro periodo

 La economía vulgar, como mencionábamos más arriba, asume como normal una existencia periódica de crisis y da por sentado el mito del ser humano naturalmente mercantil y egoísta, no puede escapar de la idea del capitalismo eterno y ahistórico y, de esta manera, solo logra pretender alcanzar un cierto equilibrio de estas crisis. El gobierno de Boric y la Convención Constitucional, intentan esto último e integran elementos de todos los bandos, tal como reconoció en su primer discurso presidencial al afirmar “sí, necesitamos también a José Antonio Kast”. El presidente y sus amigos no olvidan que están en los ojos de todo el mundo y tanto para los “ultras” que combatieron en sus tiempos de dirigentes estudiantiles, como para la casta política tradicional, pretenden mostrar una impronta segura y astuta capaz de resolver el escenario actual. Es esto lo que explica la tentativa de visita de Siches a Temucuicui, la integración de la vieja Concertación en el gabinete, los intentos de nuevas alianzas económicas internacionales y las vacilantes relaciones con la Convención Constitucional: la contrarrevolución en el ejercicio del poder apela al realismo político en toda su amplitud y de izquierda a derecha quiere manejar políticamente los antagonismos desatados. Del todo mal no lo hace, y ha logrado ganarse —por lo menos de momento— la aprobación de buenos sectores del mundo empresarial y social, y es capaz de justificar al mismo tiempo tanto su programa de transformaciones como su política de seguridad pública claramente represiva.

Pero la crisis es inmensamente más profunda que cualquier intención del gobierno (y de cualquiera), y si Boric cree haber inventado la pólvora entre una mezcla de malas versiones de Napoleón y El padrino para resolver la crisis social, es porque no se ha percatado aún que su fórmula solo lo llevó a lo más alto de la política chilena gracias a una esfera política y una gobernabilidad por los suelos. Es una casa sostenida sobre palabras, y a la cual Boric pretende no solo levantar, sino hasta poner en movimiento. Y peor aún, al eliminar el peligro de la revolución quitándole su sentido social a la violencia presente —como decíamos más arriba— termina por poner en peligro a la sociedad en su conjunto al dejar a la deriva las distintas expresiones de esta violencia.

El ciclo de luchas proletarias abierto desde el 2008, que ha tenido distintas explosiones tanto en la primavera árabe como en la ola de largas revueltas en 2019-2020, postula la urgencia de la superación de este metabolismo social senil para gran parte de la población mundial, en donde todas las contradicciones se manifiestan de forma aislada y por tanto diluidas en discursos identitarios[42]. La actual crisis mundial del capital es, como indicamos anteriormente, la crisis de la reproducción de las clases a escala internacional, estando la posición del proletariado en la actualidad dada por la creciente sustitución del trabajo vivo de los procesos productivos —aumento de la composición orgánica del capital—, y una mayor absorción de trabajo en el sector terciario[43]. La posibilidad de superar las relaciones de producción capitalistas está relacionada con nuestra posición objetiva dentro de este metabolismo (relación capital-trabajo) en la que solo una minoría del proletariado cumple la función de valorizar el capital, mientras que la mayoría opera en la reproducción de la totalidad capitalista, razón por la cual las luchas proletarias actuales se expresan, principalmente, fuera del aparato productivo[44] y ligadas al bloqueo de la circulación de mercancías, como también a saqueos más frecuentes (apropiación directa según nuestras necesidades). Por otra parte, el proletariado deviene desechable para el capital en tiempos de crisis —suspendiendo temporalmente el intercambio entre trabajo y capital en determinadas zonas—, dejando a su suerte a millones de human@s que están actualmente despojad@s de todo sustento material.

La contradicción entre las necesidades humanas y la imposibilidad de seguir satisfaciéndolas mediante las relaciones capitalistas es lo que ha generado procesos de luchas cada vez más impresionantes, más allá de la espectacularidad que muestran los medios. Por otro lado, sin la intención de otorgarle a los momentos de revueltas, a la lucha de clases y al proletariado una supuesta esencia revolucionaria a priori, pues los sectores más explotados de la sociedad no necesariamente luchan por sus “intereses de clase”, efectivamente la democracia hoy prima como horizonte de lucha en el proletariado; nos encontramos ante un límite histórico que las revueltas de esta última oleada de levantamientos no han sabido superar y que las revueltas por venir deberán afrontar como aprendizaje práctico si queremos salir del círculo de las derrotas[45]. A veces se juzgan a las revueltas de “interclasistas” por no ir más allá de ese horizonte democrático, pero eso no siempre es correlativo de las clases sociales que participan de las revueltas[46]. Si hoy en día no se modifica el contenido de las luchas, si no se vuelve a replantear el comunismo como horizonte real dentro del movimiento de emancipación social contemporáneo, aquel límite democrático no podrá ser superado. Y esto supone la tarea de replantearnos el comunismo y el proceso revolucionario que nos podría llevar a superar este orden mercantil en descomposición.

Por las razones esbozadas, consideramos que debemos enfrentar el actual proceso de modernización capitalista en la región chilena con escepticismo. Una nueva Constitución no tiene mucha viabilidad de mejorar nuestras condiciones de vida frente a la situación de crisis que ha venido desarrollándose de forma sostenida desde el 2008 y que ha marcado la pauta para desmantelar los remanentes de los estados de bienestar en la eurozona.  Además, cuando las necesidades del capital se ven amenazadas, queda suspendida toda normativa constitucional y el Estado se revela como lo que es: el garante de la reproducción del capital. Esto queda demostrado en la represión que hemos sufrido históricamente en Latinoamérica como países subordinados a los dictados del capital internacional, y que abrió su etapa más sanguinaria con la imposición del modelo neoliberal mediante dictaduras en los años 60 y 70.

Tampoco la administración de la renovada socialdemocracia liderada por Boric podría modificar nuestra situación, más bien, el actual gobierno sigue profundizando el rol de la antigua socialdemocracia dándole prioridad a la inversión extranjera y asegurando la paz social mediante la mejora de los aparatos represivos-judiciales[47], en clara continuidad con los gobiernos de la ex-Concertación. El plan nacional de seguridad que Boric anunció en Junio se enmarca dentro de esta modernización[48], el cual es funcional con la necesidad de entregar gobernabilidad a los territorios en que se inserta la lucha mapuche. El conflicto abierto tanto en las comunidades mapuche, la población que habita las zonas de sacrificio, como también en nuestra clase amenazada constantemente por el aumento del costo de la vida y la precarización laboral, difícilmente tendrá una respuesta por parte del Estado, más allá de la represión y los llamados a “no hacerle el juego a la derecha”. La necesidad del Estado de extraer una porción mayor de plusvalía para satisfacer las demandas históricamente negadas (salud, vivienda, educación, restitución de las tierras indígenas, etc.), se estrellará brutalmente con la crisis del capital que no hace más que profundizarse

El camino hacia un nuevo metabolismo social, sin clases sociales, no pasará por mejorar nuestras condiciones de explotación. Al contrario, tiene que necesariamente destruir dicha relación. Por estas razones consideramos fundamental hacer una evaluación crítica de ese “anticapitalismo” truncado que nos ha llevado a perspectivas conciliadoras y llenas de ilusiones democráticas. Evitar la desesperación que plantea la falta de perspectiva revolucionaria implica generar espacios de encuentro entre las distintas expresiones de lucha y superar la fragmentación impuesta por el capital, buscar como clase salidas reales a la crisis imponiendo nuestras necesidades como seres human@s en una praxis emancipadora. Este ciclo de lucha está cargado de todas las contradicciones contemporáneas, además de las heredadas de ciclos de lucha pasadas. Reconocer en las revueltas actuales una nueva dinámica que podría llevarnos a superar el estado actual de cosas implica que comprendamos las condiciones materiales que nos delimitan y comenzar a plantear seriamente el problema de la revolución hoy en día.

 

Vamos Hacia la Vida
invierno de 2022

Notas

[1] https://hacialavida.noblogs.org/la-alegria-nunca-llego-y-el-miedo-se-disfraza-de-esperanza/ En este texto se tomaba nota del notorio alejamiento del equipo de campaña de Boric respecto a demandas relacionadas con la revuelta y la represión de conflictos sociales, particularmente sobre el tema de la liberación de l@s pres@s polític@s (tempranamente no l@s reconocían como tales) y el movimiento mapuche autonomista en el Wallmapu, anunciando que no habría un cambio profundo en la política de militarización de la zona.

[2] Desde su bloque se transitó en solo semanas desde la rotunda aseveración de que existían únicamente dos opciones de cara al plebiscito, “Apruebo” y “Rechazo”, queriendo enfrentar con esto a quienes, sobre todo desde la derecha, proponían una tercera vía; “reformar” la actual Constitución o iniciar un nuevo proceso constituyente, a aceptar, desde el mismo Boric en exclusiva entrevista, la posibilidad de este escenario en caso de ganar el “Rechazo”. Sea como sea, el oficialismo ya da por hecho que se negociará la introducción de reformas en caso de ganar el Apruebo, para “mejorar la actual propuesta”, esto es, eliminar cualquier atisbo de amenaza que puedan percibir en ella desde los grandes capitales, desde ya prácticamente inexistentes en el escrito consensuado desde la Convención Constitucional. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/15/boric-remueve-mundo-politico-por-posible-proceso-constituyente-2-0-menos-mal-no-llueve-traidores.shtml

[3] El inicio de la administración Boric precisamente comenzó con un préstamo del FMI: https://m.elmostrador.cl/mercados/2022/05/21/chile-acuerda-liquidez-a-corto-plazo-con-el-fmi-por-3-500-millones-de-dolares/

[4] Ver: https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/05/22/1061644/analisis-recuperacion-mercado-de-capitales.html.  Cómo afectan las medidas restrictivas, cómo las altas tasas de interés presionan sobre el sector inmobiliario y empresarial, son preocupaciones que l@s fetichistas de la economía capitalista intentan solucionar sin comprender el problema de fondo de la crisis de valorización en que están inmersos. Por otro lado, el primer síntoma de colapso de tipo financiero está en las llamadas criptomonedas, las cuales funcionaban con su propio mercado hasta hace poco, y que han sido integradas en las economías estos últimos años. Ver: https://www.bbc.com/news/technology-61796155

[5] Citada por la agencia de noticias RT: https://actualidad.rt.com/actualidad/431115-reservas-trigo-agotarse-causas-hambre-ucrania. Ver también: https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2022/05/29/america-latina-la-aguda-crisis-de-ucrania-amenaza-al-sector-agricola-del-granero-del-mundo.shtml

[6] Según un estudio de la ONU del 2021 el 17% de los alimentos son desperdiciados, mientras que la FAO estimó el 2019 que 690 millones de personas sufren hambre. Ver: https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/onu-se-desperdicia-17-de-todos-los-alimentos-disponibles

[7] Ver protestas en Medio Oriente y Latinoamérica: https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/05/18/Iran-protests-spread-to-major-central-province-unofficial-death-toll-rises-to-six; https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/europa/2022/06/04/italia-advierte-que-la-guerra-mundial-del-pan-ya-ha-comenzado.shtml; https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2022/05/19/bachelet-asegura-que-inflacion-por-guerra-en-ucrania-provocara-tensiones-en-america-latina.shtml; ; https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2022/06/18/decretan-estado-de-excepcion-en-tres-provincias-de-ecuador-por-protesta-indigena.shtml

[8] Ver: https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/06/11/1063714/estanflacion-economistas-chile.html; y https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/06/07/banco-mundial-proyecta-una-desaceleracion-del-crecimiento-de-chile-tanto-en-2022-como-en-2023.shtml

[9] La composición orgánica del capital corresponde a la relación entre el capital constante y el capital variable. Esto es, la relación entre la masa de capital invertida en medios de producción (trabajo muerto) y la invertida en fuerza de trabajo (trabajo vivo). El aumento tendencial de la inversión en medios de producción resulta en una mayor composición orgánica del capital, provocando una disminución en la tasa de ganancia de la clase capitalista al disminuir la fuerza de trabajo, cuya explotación es la fuente de valor.

[10] Al momento de escribir estas líneas Sri Lanka ha colapsado, su jefe de gobierno ha huido mientras el palacio presidencial era tomado por una multitud que lo rodeaba. Se suma así al conjunto de países que enfrentan los crímenes del capital de forma más violenta, tal como ocurre en Yemen y Haití. Con sus particularidades, se encuentran en una situación incluso peor. Ver: https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/asia/2022/06/22/gobierno-de-sri-lanka-declara-un-colapso-en-su-economia-ante-escasez-de-productos-basicos.shtml

[11] Un ejemplo es la discusión en torno a la creación de una industria “nacional” del litio, utilizando la misma fórmula que Chávez en Venezuela con el petróleo (también se pueden ver ejemplos en industrias chinas sobre estas inversiones público-privadas). Se pretende que el Estado detente el 51% de las acciones, ver: https://www.soychile.cl/Antofagasta/Norte-Minero/2022/06/09/761221/litio.html

[12] Green New Deal, o nuevo pacto verde, hace referencia a una serie de iniciativas de escala internacional que empresas y gobiernos deberían impulsar para afrontar el calentamiento global y las “crisis financieras”, basadas en la idea del desarrollo sustentable. Pretende emular el “New Deal” de Roosevelt con el que EE.UU. intervino en la economía luego de la Gran Depresión de 1929.

[13] Ver:  https://actualidad.rt.com/actualidad/432699-mercados-mundiales-hunden-temor

[14] Al respecto recomendamos revisar los últimos informes del IPCC disponibles acá: https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

[15] Esto se constata en el estudio “Somos proletarios, no ciudadanos” (2021) (traducción que pronto publicaremos en formato de libro en castellano) de l@s compañer@s de la revista “Agitations” de la región francesa, sobre los orígenes de la serie de revueltas ocurridas entre 2019-2020.

[16] “El malestar social era elevado antes de la covid y se ha moderado durante la pandemia, pero, si la historia nos sirve de guía, es razonable esperar que, conforme la pandemia se disminuya, los estallidos sociales emergerán de nuevo”. Ver: https://www.publico.es/sociedad/fmi-estudio-fmi-pronostica-oleada-conflictos-sociales-pandemia.html

[17] Recordemos que Boric tras su triunfo dijo que “Chile será la tumba del neoliberalismo”. Ver: https://www.eldinamo.cl/politica/Boric-tras-triunfo-Chile-sera-la-tumba-del-neoliberalismo-20210718-0003.html

[18]  “(…) uno de los puntos que marcó el debate entre los convencionales fue el inciso segundo que hacía alusión al estallido social y ‘a la fuerza de la juventud’, el que no terminó por generar consenso, siendo rechazado (…), por lo que quedó fuera de la nueva Carta Fundamental (…) En concreto, este señalaba que ‘considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir esta vía institucional a través de una Convención Constitucional ampliamente representativa’”. Ver: https://radio.uchile.cl/2022/06/23/convencion-constitucional-pleno-aprueba-solo-un-parrafo-de-la-propuesta-de-preambulo/

[19] Este encauzamiento no opera sobre la nada, sino que enlaza con parte de las propias dinámicas internas de estas experiencias de contestación social, reforzando elementos limitantes tales como la confianza en la institucionalidad estatal y el funcionamiento democrático, la ritualidad de las concentraciones y los enfrentamientos: esto es, la ausencia de una perspectiva que comprenda el entramado institucional como parte indisociable del problema y plantee formas sociales radicalmente distintas.

[20] Ver: https://compromisominero.cl/mineria-y-constitucion/

[21] Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40942121; ver también sobre la implementación del IIRSA y los conflictos en Latinoamérica: https://porlatierra.org/novedades/post/227

[22] Ver: https://www.bnamericas.com/es/noticias/ecuador-implementa-estrategias-para-evitar-el-colapso-del-sector-petrolero

[23] El callejón sin salida para estos proyectos ya lo vimos desde los años 30 del siglo XX en Chile cuando se intentó por medio del “Desarrollismo” industrializar la producción para chocar luego con la pared infranqueable de la dependencia hacia los centros capitalistas. El ámbito de las leyes del Estado que la Convención Constitucional intenta reestructurar no tiene la capacidad de incidir en las tendencias de la crisis de la relación capitalista a nivel planetario, ni las contradicciones de clase locales que intenta eludir y apaciguar y que volverán a estallar. Las soluciones democráticas no pueden “democratizar” la dictadura de las dinámicas del capital como relación social. Las dinámicas del capital son la caja negra de toda maniobra democrática porque no dependen de “la política”, sino al revés, incluso si logra reacomodarlas o colocarlas “en jaque” por algún periodo.

[24] “(…) la derecha atraviesa en Chile uno de los peores momentos de su historia, y no solamente por estos resultados [elecciones de Gobernadores Regionales], sino que a estos se sumó el fracaso de la elección del 15 y 16 de mayo pasado” (14 de junio de 2021). https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/06/14/la-derecha-chilena-en-su-peor-momento-gano-apenas-1-de-16-gobernaciones-y-hay-un-fuerte-debate-interno-sobre-su-futuro/

[25] Cabe destacar que a la administración Boric le tomó sólo 2 meses en el gobierno para decretar el estado de excepción en las regiones de Bio-Bio y la Araucanía, situación que no nos sorprende, ya que la nueva socialdemocracia no es otra cosa que la izquierda del capital y como tal hará lo que sea necesario para mantener la gobernabilidad que éste requiere para continuar su reproducción. Tampoco nos sorprende que este gobierno se haya desentendido de la situación de l@s pres@s de la revuelta, siendo ya condenados algunos compañeros durante este primer semestre de esta nefasta coalición en el poder (Mattias Jordano, de Peñalolén, condenado a 5 años, y Deivy Jara, de Antofagasta a 12 años).

[26] https://www.gob.cl/cuentapublica2022/

[27] https://www.t13.cl/noticia/nacional/condonacion-cae-boric-aparejado-reforma-tributaria-03-05-2022 “(…) nosotros vamos a avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, generando incentivos para continuar su pago porque si uno hiciera lo contrario, todos dejarían de pagarlo. Acá los que van a tener condonación van a ser los que estén más al día”.

[28] https://www.ciperchile.cl/2022/04/19/licitaciones-de-la-junaeb-las-millonarias-cifras-de-la-concentracion-en-el-negocio-de-las-raciones-escolares/ “A solo una semana del inicio de marzo, tanto apoderados como profesores y directivos de colegios y jardines infantiles públicos comenzaron a denunciar falta de platos de comida, fallas en la mantención de las cocinas y hasta la entrega de alimentos en mal estado por parte de las empresas, lo que levantó las alarmas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)”.

[29] Ver: https://www.gob.cl/noticias/se-siguen-sumando-presidente-entrega-sello-40-horas-a-nuevas-empresas-que-se-incorporaron-a-la-reduccion-de-la-jornada-laboral/

[30] Con respecto a la creciente inestabilidad laboral ver, por ejemplo, el crecimiento del sector informal post-pandemia que ha reemplazado cerca del 47% de los trabajos anteriormente en el sector formal: https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/post/imce-marzo-mayo-2022-6848

[31] Por cierto, por más que sea una muestra de lucidez reconocer las tareas históricas comunes de toda administración al frente de un Estado, subordinadas siempre a la defensa y promoción de las relaciones capitalistas, debemos ser capaces de identificar los elementos específicos del actual periodo del capital a una escala global y regional, para estar alertas de los flancos por los que se atacarán nuestras condiciones de vida a través del gobierno del FA-P”C”-ex-Concertación.

[32]“Así, para producir las ingentes cantidades de hidrógeno verde que requerirá Europa, se necesitan presas enormes, imposibles de situar en los ríos o lagos europeos. (…) Es por ello que el futuro apunta hacia regiones como el Congo, que acogerá la que será la presa más grande del mundo en el río Inga, impulsada por el gobierno alemán. De esta necesidad de deslocalizar la producción nace uno de los principales inconvenientes económicos y ecológicos del hidrógeno: el transporte”. https://www.elcritic.cat/reportatges/hidrogeno-verde-es-realmente-sostenible-el-combustible-del-futuro-91313

[33] La quema de 3 camiones utilizados en faenas forestales, ejecutada por una treintena de comuneros, fue el hecho que sentó las bases para el nacimiento de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco.

[34] Ver: https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/usurpaciones-de-tierras-en-la-macrozona-sur-aumentaron-688-el-primer/2021-04-13/081451.html

[35] Además de la CAM, destacan: Liberación Nacional Mapuche-LNM, Resistencia Mapuche Malleco-RMM, Weichan Auka Mapu-WAM, Resistencia Mapuche Lafkenche-RML, Resistencia Kizutrokin, entre otros grupos menores.

[36] Ver el anuncio sobre un Ministerio de Pueblos Indígenas: https://www.cnnchile.com/pais/gobierno-reactivacion-crea-ministerio-pueblos-indigenas_20220516/

[37] Ver: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2022/07/22/llaitul-dice-que-profundizaran-guerra-contra-el-estado-boric-responde-que-delitos-seran-perseguidos.shtml

[38] También hay que tener en consideración que el aumento de la lucha social en el Wallmapu, ha generado, principalmente en los pueblos y ciudades, un creciente racismo antimapuche, que se manifestó de forma brutal en el asedio de civiles que forzaron el desalojo de 3 municipios ocupados por mapuche en agosto de 2020. Este fenómeno, que divide entre “mapuche bueno” y “mapuche terrorista”, puede ayudar a la estrategia del gobierno para imponer el “diálogo”, gracias a la criminalización civil que exige “controlar el terrorismo rural”.

[39] Nosotr@s nos oponemos férreamente a la concepción del capital como un sistema eterno, cuyas crisis cíclicas solo revitalizarían los procesos de acumulación; al contrario, reconocemos su caducidad (como cada modo de producción, este ha tenido un origen histórico y tendrá un final), y aunque estamos atent@s también a las posibilidades de salida de la crisis que éste mismo busca, éstas sin embargo no pueden sino seguir agudizando las contradicciones que precisamente son sus causas, contribuyendo a su cada vez más patente senilidad.

[40] Que quede claro que no estamos culpando a algún sector específico de esta tragedia, ni tampoco entregando justificación al actuar parapolicial de las mafias, sino que nos interesa promover la discusión acerca de las causas de una violencia que se torna irracional y sin perspectivas, entre las que se encuentran la desesperación y frustración junto a la descomposición social del propio contexto de crisis.

[41] Para esto podemos ejemplificar tanto los llamamientos de un general (R) de la Armada a “tomar acción” ante la posibilidad de ganar el Apruebo en el plebiscito de salida por el lado tradicional, o en el caso del grupo Aún Tenemos Patria procesado por poseer armas reales y de fantasía, los disturbios antimapuche en la municipalidad de Curacautín el 2020 y el desarrollo del APRA por su “versión molecular”, siguiendo la jerga de Alexis López.

[42] Reconocemos 3 ejes de separación que necesitamos problematizar para su superación práctica y que atraviesan a la clase trabajadora en su conjunto, —y que son productos del capital como relación que las engloba—, el primero se da entre la relación clase/género, el segundo se da entre trabajador@s formales e informales, y el último es la relación entre trabajador@s “nativ@s” y “extranjer@s” (relación raza/clase incluida), comprender estas separaciones como productos históricos de la dinámica capitalista implica contextualizarlas dentro de la crisis actual del capital, superar la lógica de la fragmentación requiere necesariamente comprender de forma crítica cual es el origen de estas divisiones y captar la realidad como una totalidad en descomposición, algo que escapa a este breve texto.

[43] Ver: https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS. La distribución de empleos y su evolución entre los años 2009-2019 en Chile no escapa a esta tendencia, ver: https://es.statista.com/estadisticas/1286173/empleo-por-sector-economico-en-chile/

[44] A nivel mundial también han crecido este último año las luchas sindicales en los puestos de trabajo, sin embargo, los mayores enfrentamientos se han dado por fuera de estos: Perú, Ecuador, Panamá, Sri Lanka, entre otros muestran esta tendencia.

[45] Recomendamos revisar algunas propuestas realizadas en nuestro boletín “Ya no hay vuelta atrás” N° 5, disponible acá: https://hacialavida.noblogs.org/ya-no-hay-vuelta-atras/

[46] A pesar de que las revueltas tengan un carácter “interclasista” (clase media y trabajadora luchando juntas), eso no determina que el horizonte democrático esté del todo determinado por el componente clase media, que efectivamente cumple un rol contrarrevolucionario cuando ve satisfechas sus demandas.

[47] Las leyes de control de armas y de resguardo de la infraestructura crítica van en un sentido de modernizar el aparataje estatal para la contención de las manifestaciones anticapitalistas, y no sólo en contra el crimen organizado. Esta modernización es lo que nosotr@s consideramos como el desarrollo de un estado de excepción permanente.

[48] Ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/06/30/presidente-gabriel-boric-anuncio-plan-nacional-de-seguridad-en-arica-vamos-a-recorrer-cielo-mar-y-tierra-para-golpear-la-delincuencia/