Durante las últimas jornadas, el conflicto en el Wallmapu se ha visto recrudecido, con un incremento en la frecuencia e intensidad de acciones reivindicativas, expresadas en diversas formas de sabotaje contra la infraestructura de la industria forestal (maquinaria, vehículos de transporte, instalaciones), ataques contra propiedades de latifundistas o empresarios y, fundamentalmente, en la toma de fundos y terrenos por parte de comunidades organizadas.

Estas acciones tienen objetivos inmediatos distintos, o establecidos en diferentes niveles, que van desde la reivindicación territorial misma, hasta la exigencia de liberación para las decenas de pres@s polític@s Mapuche y el cese del trato racista en los procesos judiciales en su contra. Así como diversos son los objetivos de estos medios de lucha, tampoco hay tras de ellos una única organización o un movimiento totalmente homogéneo, más allá de que las distintas organizaciones o formas de asociatividad Mapuche en lucha tengan objetivos generales compartidos, principalmente la recuperación y autonomía territorial.

En este proceso de lucha, que desde fines de los 90 y principios del presente siglo se ha vigorizado, la respuesta represiva estatal ha sido, como era esperable, brutal y terrorista, llevada a cabo tanto por la ex Concertación como por los dos gobiernos de la derecha con Piñera a la cabeza, defendiendo a sangre y fuego los intereses capitalistas en la región en conflicto (lo que hoy llaman “macrozona sur”). Este terrorismo de Estado se evidencia en la prisión política que tiene tras las rejas a decenas de comuner@s Mapuche, tras procesos judiciales desproporcionados y plagados de irregularidades, militarización del territorio con su correspondiente asedio y hostigamiento a las comunidades, terror específicamente dirigido hacia la infancia, con varios casos de niñ@s herid@s, secuestrad@s y torturad@s.

Ejemplos de esta represión brutal son trágicamente numerosos, pero basta recordar el reciente y aberrantemente desmedido operativo de la PDI contra la comunidad de Temucuicui, que tras la excusa de un allanamiento por cultivo y tráfico de drogas, movilizó a casi un millar de efectivos. Este operativo fue altamente cuestionado desde distintos sectores, incluidos los de la política burguesa, pues se demostró totalmente inútil en su supuesto objetivo, costándole además a la institución la vida de un efectivo, supuestamente muerto tras un enfrentamiento. Parte de la familia del funcionario responsabilizó a la institución y al gobierno por generar las condiciones para su muerte, y se reunió con la comunidad para manifestar su solidaridad con sus luchas. Durante esa misma jornada, era dictada la sentencia en contra de Carlos Alarcón Molina, paco que asesinó a Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018. Mientras escuchaban el fallo en la ciudad de Ercilla, la esposa, la madre y la hija (de solo 7 años) del comunero asesinado fueron violentamente detenidas. Las imágenes del brutal procedimiento, en el que se reducía a la niña y se le inmovilizaba contra el pavimento, junto a las otras dos mujeres, fueron ampliamente difundidas, causando un repudio generalizado. A esto se le sumó un audio que registraba los gritos histéricos de un desquiciado efectivo de la PDI, que amenazaba con matar a una notoriamente angustiada adolescente y sus acompañantes, durante el allanamiento a la comunidad ocurrido el mismo día.

El Estado pretendía vengar el procesamiento de uno de sus esbirros perpetrando el más grande allanamiento que se haya hecho en democracia. El operativo fue ampliamente cuestionado, pero su objetivo era continuar normalizando la creciente militarización de todo el territorio.

La violencia reaccionaria también ha sido llevada a cabo por civiles, bajo el amparo del gobierno. El 19 de febrero, guardias armados de un condominio privado en Panguipulli dispararon contra comuner@s que respondían a la violencia de estos matones a sueldo, que habían estado hostigando a personas que visitaban la ribera del lago. Uno de estos mercenarios asesinó de un disparo en la cabeza a Emilia Milén Herrera (25 años), conocida como “Bau”, en lo que también constituye un crimen de odio, dado que la comunera se identificaba como una mujer trans. La sangre no cesa de correr.

Según la misma prensa burguesa, durante enero y febrero se han llevado a cabo más de 60 tomas de terrenos en la zona en conflicto, lo que desata el pavor entre los representantes del Estado y latifundistas.

La campaña de terror que ya se lleva a cabo en el Wallmapu, y que ahora amenaza con intensificarse, debe ser comprendida más allá incluso de los márgenes de los objetivos de lucha de las comunidades en conflicto. Sin duda que es respuesta al movimiento que más daño concreto ha logrado provocarle a los intereses capitalistas actuando en la zona, pero también es la forma en que la clase capitalista y sus instituciones preparan la respuesta contrarrevolucionaria general. Organismos del capitalismo internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya prevén el surgimiento por doquier de revueltas a mediados del 2021, dado que la crisis sanitaria, como expresión de la crisis generalizada del capitalismo a nivel mundial, seguirá empeorando las condiciones de vida de millones de personas. En Chile, la experiencia de la imponente revuelta e incipiente proceso revolucionario de octubre de 2019 aún está presente. Si bien la crisis sanitaria del coronavirus y la desmovilización democrática llevada a cabo por el partido del orden en bloque y su “Acuerdo por la Paz” debilitaron y cerraron un ciclo dentro de este proceso, la conflictividad social se encuentra lejos de amainar, y las manifestaciones y diversas experiencias de lucha no han cesado de multiplicarse. Ante este escenario, nuestra clase capitalista ya alista la represión. En Wallmapu anuncia el terror estatal que pretende expandir a todo el territorio nacional, terror que además busca potenciar con la formación de cuadrillas paramilitares sustentadas por un poco numeroso pero ruidoso movimiento patronal, representado en la actualidad por el fascistoide APRA.

Por otro lado, como intento de respuesta ante la crisis mundial del capital y por su función en la economía global como país principalmente exportador, en Chile se incrementará la depredación contra el entorno natural mediante sus principales ejes económicos; minería, pesca-acuicultura, agricultura e industria forestal, siendo estas dos últimas la punta de lanza del capital en las zonas en conflicto en el sur. Las empresas no van a renunciar a dejarle tierras a comunidades cuando la dinámica capitalista les exige más y más extractivismo.

La lucha de las comunidades Mapuche por autonomía y territorio se opone frontalmente contra los intereses del capital en la región. Su éxito estará dado necesariamente por el desarrollo del movimiento social en todo el territorio. La solidaridad no es solo un valor al que aspirar sino una necesidad ineludible de tod@s quienes no podemos ya soportar más este sistema de muerte, que no puede existir si no es estrujándonos más y más, haciendo cada vez más precaria nuestra existencia. La solidaridad con las luchas en el Wallmapu contribuye a sabotear también la escalada represiva del poder político, que espera salir relegitimado luego de las elecciones de abril.

La solidaridad, por otro lado, no significa la renuncia a la crítica. No dejaremos de señalar en algunas expresiones del movimiento Mapuche la traducción de sus demandas bajo el esquema de las ideologías de “liberación nacional”, desarrolladas durante el siglo XX en varios países del “tercer mundo”, las que promovieron la colaboración de clases (“campesinos, obreros y burguesía nacional progresista”) bajo un discurso nacionalista, que resultó en la consolidación del capitalismo en zonas consideradas atrasadas.

Otro fenómeno a poner en cuestión es, por una parte, la acusación de cualquier acción directa por fuera del marco legal democrático como “montaje”, que suele verse con demasiada frecuencia en diversos espacios físicos y virtuales. De esta forma, se despoja de legitimidad toda acción efectiva de fuerza contra los aparatos represivos del Estado/Capital, y se denuncia a compañer@s de ser nada menos que infiltrad@s. Esta lógica nefasta debe ser frenada, lo que no significa dejar de estar atent@s ante maniobras estatales que efectivamente pueden ser calificadas maquinaciones desde el poder. Por otro lado, esto nos lleva también a tensionar acerca de la celebración de toda manifestación de violencia. Centrar las luchas solo en estas últimas conduce a subordinar el movimiento mismo a esta lógica, en la que finalmente el Estado y los defensores del orden se sienten como peces en el agua. Nuestros esfuerzos por derrotar las condiciones de miseria y a sus defensores, para imponer un nuevo mundo basado en la solidaridad, no puede negar la necesidad de organizar nuestras fuerzas para la autodefensa y el avance, pero tampoco puede hacer de este aspecto la columna vertebral del movimiento, ni menos aún, delegar estas acciones en aparatos específicos, lo que termina por parcelar y conducir a una lógica militarista el combate integral contra los intereses del Capital.

Finalmente, recordar el objetivo del proceso constituyente actual: preservar el orden capitalista. Debemos sacudirnos de la ilusión democrática de que una nueva constitución podría significar la mejora, siquiera en aspectos parciales, de nuestras condiciones de vida. La clase capitalista actual no puede ya dar ni mínimas concesiones. No es que solo no quieran, es que no pueden. Son esfuerzos vanos “exigirle” reformas, puro idealismo, cuyos resultados son el inmovilismo y la impotencia. La pretensión de una constitución “plurinacional” para solucionar el “conflicto Mapuche” es así también pura demagogia reaccionaria. Ningún Estado, cuya existencia es indisociable del Capital mismo, puede asegurar la continuidad de las comunidades humanas que se enfrentaron -y siguen enfrentando- a la expansión capitalista mundial. Su función es precisamente la opuesta, por más que el progresismo izquierdista lo oculte; el gobierno bolivariano en Venezuela ha devastado zonas naturales y masacrado comunidades indígenas, y lo propio ha hecho el Estado plurinacional boliviano, con el conflicto en el TIPNIS, por ejemplo.

La única garantía contra el Capital y el terrorismo estatal es la solidaridad por abajo, por fuera y en contra de las instituciones de la política burguesa.