Chile: Plebiscito para desactivar la revuelta

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CHILE: PLEBISCITO PARA DESACTIVAR LA REVUELTA

Entrevista para el medio comunista antiautoritario de habla alemana “Communaut”

El siguiente material, publicado el 10 de marzo de este año en alemán en el sitio web de debate comunista antiautoritario “Communaut”[1], fue fruto de una serie de discusiones internas y de un ejercicio de autoclarificación que realizamos como colectivo luego del fracaso de la izquierda del capital en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, en el que se pretendía aprobar el borrador de Constitución redactado por la Convención Constitucional. Las respuestas del cuestionario fueron enviadas a l@s compañer@s para su traducción durante los primeros días de noviembre del año pasado. En el ínterin, el gobierno de Apruebo Dignidad ha seguido entregando numerosas pruebas de su defensa acérrima del orden social, tales como la aprobación del TPP11, militarización de la frontera norte y recrudecimiento de la represión en el Wallmapu (que lleva un año bajo estado de excepción), causando la desilusión de algunos sectores de izquierda que se comprometieron con el proceso constituyente y la campaña “antifascista” pro Boric. También, hace pocos días, la Cámara de Diputados rechazó en general la reforma tributaria propuesta por el ejecutivo, que constituía el pilar de la estrategia del gobierno para llevar a cabo algunas reformas menores prometidas en campaña, como la mejora del sistema de pensiones. Esto ha propiciado un giro aún más hacia la derecha del pacto gobernante, reflejado en el último cambio de gabinete y en declaraciones de personeros oficialistas, presidente incluido, con el objetivo de negociar un acuerdo, el que obviamente terminará beneficiando al gran empresariado.

Esta entrevista sirvió además de base para la presentación que realizaron l@s compañer@s de nuestro colectivo en Atenas durante el mes de febrero, que hemos difundido recientemente[2].

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La derrota en la votación de la nueva constitución fue bastante clara. Todo ello a pesar de que muchas de las reivindicaciones importantes de las protestas masivas de 2019 estaban realmente incluidas: entre otras, el derecho al aborto, la desprivatización de los recursos hídricos/agua, el fortalecimiento de los derechos de las minorías, etc. ¿Por qué se rechazó tan claramente el proyecto de la nueva constitución? ¿Se debió principalmente a la campaña de desinformación mediática de los conservadores, como afirman muchos izquierdistas, o hubo también razones de fondo para que el proletariado chileno rechazara el proyecto?

Son varios los elementos a considerar para entender la derrota electoral del “Apruebo”[3], y no es tan sencillo determinar la forma en que todos ellos interactúan. Pero, primero, es necesario realizar algunas precisiones acerca del contenido y verdadero alcance del borrador constitucional rechazado el pasado 4 de septiembre. Si bien se le ha señalado como el texto constitucional más progresista del mundo, incluso en su propia lógica, en varios aspectos no hacía sino reafirmar, ya no solo las propias lógicas capitalistas, cuestión que ninguna carta magna puede llegar a poner en entredicho, sino el marcado carácter neoliberal de la economía y sociedad chilena. En materia de explotación de recursos naturales, por ejemplo, el borrador no distaba mucho de lo que el mismo empresariado requería. Respecto a la minería del cobre, actividad económica central del país, en lo esencial la propuesta constituyente recogía lo que el Consejo Minero, integrado por las principales empresas del rubro operando en el país[4], dictaba. Sobre la incorporación de derechos demandados por diversos sectores de la población, la propuesta fallaba por aparecer como un compendio de derechos formulados en el lenguaje de la academia progresista, y mucho menos ambiciosa que lo que difusamente se planteaba en las calles durante las primeras jornadas de la revuelta[5]. Entonces, la primera parte de vuestra pregunta parte de un supuesto que no es tal. Un análisis del contenido del borrador da cuenta de que se alejaba bastante de las pretensiones incluso de sectores izquierdistas moderados. Durante todo el desarrollo del proceso se fueron dando polémicas respecto a la forma final que iban tomando los diversos artículos del texto, inofensivos en general con los intereses de la clase capitalista, y también respecto a los mecanismos de representación de los sectores políticos dentro de la Convención Constitucional, que finalmente dio poder a la derecha y partidos de los gobiernos de la ex Concertación, pese a su aplastante derrota en las elecciones de constituyentes.

Ahora, desde luego, el triunfo del rechazo no se encuentra en el hecho de que la mayoría de la población compartiera esta apreciación del texto. En realidad, muy poca gente, incluso partidaria del Apruebo, leyó el borrador, a pesar de que el mismo gobierno imprimiera cientos de miles de copias para su distribución (a través del pago de cientos de millones de pesos a la imprenta de “El Mercurio”, el medio de prensa ícono de la derecha)[6].

Sin embargo, lo anterior fabrica en parte el contexto en el que otros factores entran en escena y gatillan la derrota de las pretensiones reformistas.

Sin duda que los contextos sociales a nivel nacional e internacional son bastante distintos entre los eventos del primer plebiscito (2020) y del reciente 4 de septiembre. En los meses actuales, los golpes de la crisis generalizada del capital se dejan sentir con fuerza en la región, con una muy alta inflación y un aumento casi intolerable del costo de vida. En este sentido, ante un clima de incertidumbre generalizada, la propuesta de nueva constitución parecía incrementar la inestabilidad. Frente a la crisis, el comportamiento del voto popular se comporta de forma conservadora. Esto se encuentra ligado a la percepción misma del proceso y del gobierno. Ante un inicial rechazo a la política tradicional evidenciado en las últimas elecciones, ésta parecía de nuevo retomar el control tanto dentro de la CC como en el gobierno y congreso, restando entusiasmo y apoyo a las propuestas progresistas. Se sumaba el hecho de que el voto fuera obligatorio bajo amenaza de multa. No hay que dejar de mencionar que, en los meses previos, desde el mismo gobierno se encargaron de quitarle importancia al plebiscito, afirmando que cualquiera fuera el resultado, debería ser el congreso el que finalmente diera al borrador su versión definitiva[7]: “voy a garantizar que ese acuerdo [de los partidos oficialistas para reformar el texto] se implemente en caso de ganar el Apruebo, de los espacios importantes de mejora y de quitar la incertidumbre a la gente” (Boric). También, era parte de la intuición colectiva que la propuesta era insostenible en muchos aspectos, prometiendo derechos abstractos al mismo tiempo que aseguraba las actividades económicas que impedirían su cumplimiento. Por lo demás, su implementación sería lenta y cara, lo que nuevamente se leyó como algo negativo por parte de gran parte de la población, y por cierto que fueron elementos utilizados por la derecha y su campaña por el “Rechazo”.

También, cabe destacar, es un voto de desaprobación a los primeros meses de gobierno, en los que, bajo la excusa de la responsabilidad fiscal, se han dado políticas de austeridad aún más notorias que las del anterior gobierno de Piñera.

Por último, nos gustaría dejar en claro que para nosotr@s el resultado del plebiscito no significa una tendencia a la derechización de la población en general, tal como acusara un amplio espectro del izquierdismo, que se desató durante los días posteriores al plebiscito despotricando contra el “populacho ignorante”,  sino que corresponde a una manifestación puntual, alimentada por la actividad del izquierdismo en el gobierno y sus “apoyos críticos”, bajo un contexto social específico de crisis global. En cualquier caso, la derrota del Apruebo no fue percibida como una gran victoria popular. No hubo celebraciones masivas ni en el centro de las ciudades, ni mucho menos en las periferias. Los sectores más abiertamente reaccionarios y de derecha lo evaluaron como un triunfo, pero incluso entre sus filas muchos fueron cautos a la hora de atribuirse todos los votos de la opción vencedora en el plebiscito.

La discusión sobre una nueva constitución comenzó inmediatamente después de la revuelta de 2019 y siempre se dio a nivel local en todo el país, en los llamados cabildos. Aquí, la mayoría de los representantes de los partidos oficiales no eran de confianza. Además, la redacción de una nueva constitución ha sido el objetivo político de gran parte de la sociedad chilena o de los movimientos sociales desde el final de la era Pinochet. ¿Por qué, sin embargo, se califica la votación de “espectáculo” y “farsa política”? ¿Cómo se relacionaron estas iniciativas populares con el proceso final de redacción de la Constitución?

Hay que enfatizar en que la demanda de una nueva constitución no estuvo desde el principio ni fue el motivo de la explosión de la revuelta. Es cierto que se posicionó tempranamente como una demanda aglutinadora, pero no durante los primeros días. Fue instalada más bien externamente desde organizaciones políticas y la burocracia sindical que no estaban actuando directamente en las diversas expresiones tempranas de la revuelta. En particular, diversas burocracias sindicales, principalmente ligadas al PC, que confluyeron en una amorfa y efímera instancia denominada Unidad Social, fueron quienes intentaron direccionar el enorme despliegue de energías de las primeras semanas tras la demanda de una nueva constitución. Hay también que diferenciar entre los llamados “cabildos” y las Asambleas Territoriales propiamente tales (o Asambleas Populares, como se denominaron en algunas ciudades distintas de Santiago)[8]. En un comienzo, estos nombres de los emergentes órganos de coordinación asamblearia fueron un tanto confusos, pero con rapidez los llamados “cabildos” quedaron delimitados a instancias alimentadas por la institucionalidad, particularmente de las municipalidades, que se unieron a lo largo del país e incluso llegaron a celebrar su propio proceso eleccionario[9]. Estas entidades, muy minoritarias, existieron casi exclusivamente centradas en la convocatoria a un proceso constituyente, pero en las Asambleas Territoriales el proceso fue bastante distinto, comportándose éstas como espacios de encuentro para organizar actividades en los barrios, debatir sobre el contexto, preparar manifestaciones, responder a las necesidades concretas de los territorios, etc. Tampoco es tan cierto que la nueva constitución haya sido una demanda histórica y masiva en la sociedad chilena. Siempre fue una consigna de la izquierda más institucional y de ciertas iniciativas ciudadanistas, del reformismo, a fin de cuentas, pero no necesariamente de gran parte de la izquierda más radical ni del entorno anarquista, ni tampoco estaba integrada en el grueso de la población. De hecho, la derrota del Apruebo demuestra parcialmente esta realidad.

El proceso no fue una “farsa” o “espectáculo” solo por ser insuficiente o por su origen viciado en el “Acuerdo por la Paz Social” negociado a puertas cerradas, sino porque se posicionó como la mejor vía de desactivación de la revuelta. Fueron notorios los esfuerzos del progresismo por intentar hacer plegarse a su demanda a las masas insurrectas. Compusieron horrorosos himnos (como el ultraje a “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara), hicieron trabajos audiovisuales, se introdujeron en espacios asamblearios, etc.

También se torna evidente que la demanda por una nueva constitución es más propia de los partidos políticos tradicionales en un contexto de crisis política, que una reivindicación espontánea de la población en general.

Es necesario desmontar la mitología que la izquierda del capital está construyendo sobre la revuelta. Para ellos, correspondería a una explosión de descontento de las clases medias, pacífica en general, que se vio manchada por actos violentos (como los saqueos, principalmente) organizados por ultraizquierdistas, lumpen y bandas de narcotraficantes, cuyo camino lógico ascendente fue el proceso constituyente, el que supuestamente perdió a causa de las fake news de la derecha o una inmadurez política extendida.

No es aquello un poco simplista, atenerse solo a la demanda máxima absoluta, la revuelta y la revolución social (que es muy simpático para nosotr@s al principio). También se podría decir que la Constitución mejora la situación de l@s proletari@s en algunos lugares, al igual que se puede decir sobre la ley de la burguesía y del Estado. Una nueva constitución o el fin del neoliberalismo chileno parecían ser el centro del movimiento. Así que, de nuevo, de forma diferente, ¿se refiere su crítica al proceso concreto de elaboración de la constitución o al objetivo de una nueva constitución en sí? ¿Qué mayorías y posibilidades había y hay para la política revolucionaria? ¿Incluso la izquierda revolucionaria perdió oportunidades de posicionarse con más fuerza durante la revuelta y de implicarse en el proceso? ¿Cómo se involucraron ustedes, como revolucionari@s, en el proceso tras la revuelta?                                                                         

Un lugar común para la justificación de la vía reformista es el de acusar maximalismos allí donde se plantee la posibilidad de una ruptura revolucionaria. Como hemos argumentado más atrás, el proyecto de nueva constitución no garantizaba en absoluto ninguna mejora en las condiciones de subsistencia, ni inmediatas ni a largo plazo, del proletariado en general. Esto no significa que la mayoría de la población haya comprendido la propuesta en estos mismos términos, pero tampoco logró ver en ella una solución concreta. Diferentes referentes históricos del movimiento socialista (desde sus variantes más vacilantes a las más radicales) ya extraían hace más de un siglo algunas lecciones cruciales sobre estos procesos, particularmente en referencia a la oleada revolucionaria de 1848, resaltando la futilidad de la pretensión de introducir cambios importantes y significativos en la sociedad mediante la confección de una constitución, si las “fuerzas reales que mandan el país” no son también modificadas[10]. En este marco, nuestra crítica al proceso constituyente chileno es alimentada de discusiones y experiencias que operan en diferentes niveles.

Cabe señalar con claridad el origen de este proceso, el que se encuentra en un pacto a puertas cerradas de la élite política chilena, con el objetivo explícito de “apagar el incendio” de la revuelta[11]. Puesto que su fabricación es responsabilidad de los partidos oficiales, sus alcances eran ya limitados desde su inicio y supeditados a los intereses de estos.

Así que criticamos el proceso tanto por la necesidad de aclarar el rol histórico y fundamental de la maquinaria estatal, como por el carácter específicamente reaccionario del proceso en Chile y su imposibilidad práctica de ofrecer mejoras significativas, o incluso algunas menores, en las condiciones de vida de nuestra clase.

En síntesis, nuestro razonamiento es el siguiente; no nos interesa propagandear ideas absolutas tras las que deban plegarse las masas y sus experiencias de lucha. Nuestra posición es contingente: intenta discernir las posibilidades reales de mejora de nuestras condiciones de vida. La vía legalista exige la integración, o al menos la domesticación en algún grado, respecto a la institucionalidad capitalista, lo que automáticamente corroe la relativa autonomía de las luchas reivindicativas, que a su vez es la garantía de alcanzar dichas reivindicaciones. Entrando en el campo de la legalidad burguesa con la pretensión de alcanzar metas reales se socava la única fuente de fuerza que puede arrancar mejoras inmediatas al Estado y al empresariado. Esto no es pura abstracción. Estos tres años han prodigado ejemplos de esta dinámica. En primer lugar, las Asambleas Territoriales, organismos que comenzaban a transformarse en núcleos que organizaban la actividad social en los territorios (generando espacios de encuentro, conversación, expresiones artísticas, planteamiento de demandas y luchas, métodos de lucha, solidaridad contra la represión, etc.), se vieron prontamente resquebrajados desde dentro tanto por la imposición de debates leguleyos como por la creciente desconfianza mutua que comenzó a generar el hecho de que en la trastienda se comenzaran a ofrecer candidaturas. Las Asambleas Territoriales se reducían así a órganos de propaganda electoral. Una de las expresiones más radicales y profundas surgidas durante la revuelta, se diluía y fragmentaba, orientando a su vez todo su tiempo a la agenda electoral. Aun así, por primera vez para las elecciones de constituyentes se permitía la formación de pactos electorales por fuera de los partidos oficialmente inscritos. En dichas elecciones los resultados también fueron algo sorpresivos. Los partidos de derecha y de la ex Concertación enfrentaron un estrepitoso fracaso electoral, mientras que destacaba la gran votación de la ya casi olvidada “Lista del Pueblo”, conformada por personajes ligados efectivamente a las manifestaciones y ajenos a la política partidista tradicional, junto a una alta votación de otros pactos surgidos de los llamados “movimientos sociales”. La mentada Lista del Pueblo anunciaba luego de su triunfo que no se sentaría a negociar hasta que existiese una respuesta efectiva acerca de la prisión política de, en ese momento, centenares de personas. Ese anuncio quedó absolutamente en nada. La lista rápidamente se fue desintegrando al son de escándalos nacionales, como el de Rodrigo Rojas Vade[12], que basó su campaña en ser un paciente de cáncer, lo que resultó ser mentira, y conflictos de tipo mafioso en su interior.

Entonces, a pesar de que la propia deslegitimación de la política tradicional se reflejaba en eventos electorales con históricos niveles de participación, la incapacidad de generar confianza en cambios verdaderos fue mermando cada vez más la imagen de la Convención Constitucional y de los grupos de izquierda, al mismo tiempo que estos eran agentes protagónicos en la desmovilización callejera (no había que ensuciar el proceso constituyente ni “hacerle el juego a la derecha”) y en la desaparición de organismos autónomos de la clase, eliminando cualquier discusión que se escapase de la agenda electoral o del debate constitucional. En este sentido, la fabricación de la derrota electoral de esta vía estaba en curso.

En general, la izquierda, incluso la que se define como revolucionaria, y un amplio espectro del anarquismo, sucumbió sin resistencia y de buena gana al entrampamiento democrático, que se mostraba transparentemente como lo que realmente era. En este sentido, la izquierda del capital sintetizó y aclaró su rol histórico como agente de conservación de las relaciones capitalistas. Se hizo evidente una pobreza teórica y la incapacidad de asimilar las lecciones históricas en un vasto sector de compañer@s. Ante la pregunta sobre las posibilidades de una profundización revolucionaria del movimiento, lo que en ese momento y aún hoy sigue en discusión es la concepción misma de revolución en el actual contexto, que no puede ser la misma de hace un siglo. No planteamos que en un par de meses su hubiese derrotado finalmente al capitalismo e instaurado un idilio socialista si no hubiese existido una “traición” o “engaño” de l@s polític@s, sino que sostenemos que las perspectivas de crítica radical al capital deben esforzarse por hacer ver las funciones reales de determinadas instituciones y procesos, y de que era totalmente posible ir afirmando redes autónomas de experiencias de lucha que iban en ascenso, haber obtenido mejoras concretas en muchas materias (varias, sino todas, de las reivindicaciones más específicas eran posibles en el marco de la constitución del 80), haber descabezado al gobierno y minar aún más la legitimidad del Congreso, entre otras actividades. Los sectores radicales, que al inicio de la revuelta vieron plasmadas muchas de sus ideas en la multiplicidad de consignas, cánticos y acciones en millares de paredes, pancartas y espacios de encuentro, que explicitaban un rechazo consciente y general de la normalidad capitalista, no pudieron tampoco, por razones que deben seguir discutiéndose, contribuir a mantener dicho ánimo y prevenir el derrotero de la vía institucional democrática, más allá de la lucidez de advertirlo.

Para hablar de nuestra participación debemos aclarar que quienes estuvimos activando como Vamos Hacia la Vida somos un núcleo pequeño de compañeros y compañeras viviendo en diferentes ciudades y localidades de Chile. Pero participamos en las mismas instancias en las que miles de otras personas a lo largo del territorio invertían sus energías. Se asistió a las manifestaciones, se resistió a la represión policial-militar, se participó de diversas Asambleas Territoriales, se intentó hacer propaganda y generar espacios de encuentro y debate más allá de la coyuntura, se imprimieron panfletos, afiches y boletines. Se participó en redes de abastecimiento, grupos de apoyo a las y los presos políticos de la revuelta. Quizás en lo que en algún momento más se tuvo éxito fue en impulsar la discusión en el medio radical.

La revuelta abrió un ciclo de luchas que hoy enfrenta una oleada contrarrevolucionaria pero que no ha sido totalmente cerrado, menos aun considerando el contexto de crisis generalizada y mundial, una de cuyas manifestaciones precisamente fue la imponente revuelta social chilena.

Tras el rechazo del proyecto de Constitución, se produjeron protestas masivas en la primera semana. ¿Quiénes salieron a la calle y cuáles fueron sus reivindicaciones?

Efectivamente, tras el triunfo del rechazo hubo protestas durante la primera semana. Fueron en cierta medida masivas, pero, sobre todo, tuvieron un fuerte componente de violencia difusa que las hacía más notorias. Eso sí, cabe aclarar que éstas se llevaron a cabo más que nada en la capital, Santiago, y que en el resto de los territorios de la región chilena no se presenció un grado similar de protesta y descontento confrontacional. L@s principales participantes fueron personas jóvenes, inicialmente y en mayor medida, estudiantes secundari@s y, posteriormente y en menor medida, se sumaron universitari@s –quienes efectivamente se plegaron bajo la consigna de llevar adelante una Asamblea Constituyente “de verdad”–. A las marchas a veces se sumaban más personas proletarizadas, gente mayor o incluso familias, manifestantes que buscaban simplemente enfrentarse con la policía, o quienes buscaban aprovechar la oportunidad de conseguir mercancías gratuitas si es que se producía un saqueo.

Ahora bien, responder a cuáles fueron las reivindicaciones de dicha protesta se vuelve un tanto complicado, en tanto vari@s de l@s manifestante no estuvieron ahí necesariamente por algún motivo claro y manifiesto. Se puede decir que efectivamente hubo un descontento en torno a los resultados del plebiscito, el cual motivó en un inicio a que gente saliera a la calle a protestar durante por lo menos una semana. La burguesía progresista había prometido cambios de magnitud por medio de la vía institucional, los cuales se expresarían en la implementación de una nueva constitución para el país. Cuando dicha vía institucional fracasó, y la nueva constitución no fue implementada, varias personas salieron a las calles para retomar lo que intuitivamente sentían fue una de las principales lecciones que les había dejado en la memoria la revuelta del 18 y 19 de octubre: que sus fuerzas residían en la subversión violenta contra el orden actual y no en la disputa institucional. Así, much@s también salieron con la intención de replicar dichas prácticas radicales que habían tenido éxito en generar una ruptura con la cotidianidad capitalista durante la revuelta, como lo fueron bloquear calles y vías de metro, o saltar torniquetes, evadiendo el pago del pasaje de manera colectiva. Es cierto que una porción de dichos manifestantes levantó consignas en torno a la conformación de una nueva Asamblea Constituyente (y como no, esta vez más “democrática”, “popular”, y “real” que la anterior), pero ésta no adquirió una adhesión masiva ni en las calles, ni en organizaciones sociales o grupos de ultraizquierda; solo la izquierda del capital debatía internamente como negociar un nuevo proceso con la derecha. El clima general de las protestas expresó una rabia dirigida hacia el engaño de la vía institucional, el cual había significado el fin de la revuelta iniciada el 18 y 19 octubre de 2019, y la disminución significativa de las expresiones callejeras de descontento y de su masividad de antaño.

Además, otro aspecto que nos gustaría destacar, es que las acciones de protesta reflejaron una negación de la cotidianidad y funcionamiento de la totalidad capitalista. Así fue con los ya mencionados bloqueos del flujo de la mercancía, los saqueos, y en general la disrupción de la rutina de la vida proletaria. Los enfrentamientos y disrupciones violentas por parte del proletariado han seguido teniendo una presencia minoritaria pero ruidosa en el país durante todo este año, aunque concentradas principalmente en Santiago y llevadas adelante por estudiantes secundari@s de liceos emblemáticos. Muchas veces, estas prácticas son adoptadas como una reivindicación y como una especie de nostalgia hacia las principales características de la lucha durante la revuelta de 2019. Nos detenemos en esto para revelar como esta expresión de contestación social sin petitorios, motivos claros y detallados, y, en cierta medida, “sin forma” y salvaje, parece ser propia y característica de las luchas proletarias de hoy en día. La burguesía y sus ideólogos buscarán atribuirles un sentido democrático y ciudadano. Nosotr@s, más bien, vemos en ellas una especie de negación intuitiva con todo el orden existente, y donde se podría volver a decir que “l@s proletari@s no buscan realizar ningunos ideales, sino simplemente dar rienda suelta a los elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad agonizante lleva en su seno”.

Conviene mencionar también que este tipo de movilizaciones han existido casi sin interrupción durante todo el año, principalmente animadas por estudiantes secundari@s, expresando, tal como ya mencionábamos, un hastío generalizado, pero acentuado por las deficiencias y múltiples problemáticas asociadas a la vuelta a clases presenciales luego de dos años de encierro producto de la pandemia de COVID-19, destacando las falencias estructurales de muchos establecimientos, desorganización administrativa, pésimos servicios de alimentación, clima de violencia escolar que se relaciona con la extensión de la jornada (en varios petitorios se repite la exigencia del fin de la “jornada escolar completa” o la reducción en horas de ésta), etc. Estas movilizaciones se han traducido en enfrentamientos cotidianos con la policía, en algunos casos con militares[13], tomas de establecimientos, jornadas masivas de movilizaciones en varias ciudades, y, por ejemplo, en el caso de Santiago, intervenciones en las que estudiantes increpan a la alcaldesa por la comuna de Santiago Irací Hassler, del PC, por continuar e incrementar la persecución y represión de estudiantes secundari@s que en periodos anteriores había sido denunciada cuando al mando de la comuna se encontraba la derecha.

Muchos izquierdistas en Alemania (y Europa) también miraban con esperanza la elección de la nueva constitución y alababan la constitución “más progresista” del mundo. Unos meses antes, el antiguo líder estudiantil Boric llegó al poder. Aquí hubo reacciones similares, el nuevo gobierno fue descrito como feminista y un gran rayo de esperanza de la izquierda en América Latina. ¿Cómo valoran los primeros meses del Gobierno de Boric?

Lo primero que hay que señalar, es que Boric siempre cumplió un rol de bombero y de contención a las expresiones más radicales dentro del movimiento estudiantil del cual proviene. Y hoy, con las riendas del Estado, ha cumplido un papel similar: la administración Boric no tardó mucho en mostrar una brutal continuidad con el gobierno anterior tanto en términos represivos, como en la implementación de políticas que favorecen una reestructuración capitalista en desmedro de nuestras ya precarias condiciones de vida. Y no puede ser de otra manera, ya que no hay que olvidar que Boric fue un actor clave en la gestión del contrarrevolucionario “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 para canalizar la potencia de la revuelta en el marco de la institucionalidad e iniciar un proceso de restauración capitalista cuyo eje central era crear una nueva Constitución, y del cual hoy padecemos todas sus consecuencias con toda su crudeza.

Ninguna de sus promesas de campaña, muchas de ellas reformas de carácter estructural, han sido implementadas y tampoco existe ningún indicio de que se hagan realidad en el futuro cercano, sobre todo, cuando su coalición apostó todo a “realizar las grandes transformaciones que Chile necesita” luego de una supuesta victoria electoral en el plebiscito del 4 de septiembre, lo que como ya sabemos no solo no ocurrió, sino que fue un rotundo fracaso. Esto ha generado tensiones dentro del gobierno, sobre todo con el Partido “Comunista”-PC, pero también ha provocado una gran decepción y parálisis en la izquierda que lo apoyaba “críticamente”, y que tiene cierta presencia en algunos movimientos sociales.

En lo concreto, vía Camila Vallejo, Ministra vocera, en vísperas del tercer aniversario de la revuelta, el gobierno afirmó que “por el momento” no se renovará la suma urgencia al proyecto de amnistía para las y los presos políticos de la rebelión de 2019, muchos de los cuales ya han sido condenados a durísimas penas de cárcel. Tampoco se han derogado las medidas represivas como la “Ley antisaqueos y antibarricadas” (Ley 21.208) y se continúa aplicando selectivamente la Ley de Seguridad del Estado, tal y como ocurrió con el vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco-CAM, Héctor Llaitul, quien se encuentra en prisión preventiva. La continuidad ininterrumpida del estado de excepción en lo que denominan la “macrozona sur”, con militares desplegados en sectores estratégicos, significa una criminalización directa al movimiento mapuche autónomo, el cual es tratado como enemigo interno, pero que sin embargo no se intimida y continúa luchando de manera directa contra el Estado.

Por otra parte, el discurso de “mano dura” contra el crimen y la migración “ilegal”, no tienen nada que envidiar a la ultraderecha más reaccionaria. “O se regularizan o se van”, fue el ultimátum de Boric hacia las y los migrantes que se encuentran en situación irregular en la región chilena, lo que se suma a la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia para “contener la crisis migratoria” (tal como Kast proponía durante su campaña, lo que en ese momento fue criticado y ridiculizado por la izquierda, que llegó a ponerle el apodo de “El zanjas”). “Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”, vociferó Boric, mientras el gobierno ya se encuentra estudiando la implementación de “estrategias mexicanas” –con todo lo que ello implica– para combatir la creciente criminalidad. A todo esto, se le agrega la irrisoria reforma de Carabineros, que se reduce a una disminución en los requisitos de reclutamiento: ahora podrán ser policías personas de menor estatura, con tatuajes, pie plano o con caries. El apoyo a Carabineros por parte del gobierno ha sido incondicional, y en este sentido, cientos de casos de violencia policial ocurridos durante la revuelta, que incluyen torturas, abusos sexuales y asesinatos, han quedado totalmente impunes. Esta política de Estado se materializa en la presentación de más de 74 querellas presentadas por el Ministerio del Interior en lo que va del año, principalmente contra estudiantes secundari@s que no han dejado de luchar en las calles y liceos, pese al intento de frenar las movilizaciones por parte de las juventudes de los partidos del gobierno y a la acción represiva de las fuerzas policiales de Control de Orden Público (COP).

La aprobación en principio del Acuerdo Transpacífico-TPP11, al que se oponen diversas organizaciones sociales –y al que el mismo Boric se oponía hace algunos años– debido a que profundiza el devastador modelo de acumulación extractivista, privatiza el uso de semillas, y deja en suspenso la legislación laboral –entre otras nefastas consecuencias–; y el recientemente presentado proyecto de “reforma previsional”, que no cuestiona en nada los fundamentos del agotado sistema de pensiones representado por las AFP, que entrega pensiones de hambre, mantiene el financiamiento por medio de las cotizaciones de l@s trabajador@s a los grandes grupos económicos, y que ni siquiera se acerca a algo parecido a un “sistema de seguridad social” existente en los países centrales, son solo dos ejemplos más de la línea que se ha trazado el gobierno de Boric.

En Colombia, un nuevo gobierno de izquierdas está en el poder con el “pacto histórico”. Lula podría volver a ser presidente en Brasil y en Chile también hay un gobierno de “izquierda” al frente del país con Boric. Muchas personas, tanto en América Latina como en Europa, esperan que los nuevos gobiernos de izquierda cambien muchas cosas. ¿Cómo ven esta evolución?

En realidad, salvo en el medio izquierdista que siempre ha apostado por la vía electoral, no vemos un gran entusiasmo popular en estos procesos ni tampoco el ascenso de figuras carismáticas como décadas atrás. Incluso en la primera oleada de gobiernos progresistas de principios del siglo XXI era posible percibir una mayor movilización popular tras ellos, destacando Bolivia, donde efectivamente el MAS aglutinaba a buena parte del movimiento social y Evo era una figura reconocida. Los gobiernos de centroizquierda en Chile, en cualquier caso, en particular el de Lagos y Bachelet, se distanciaban bastante de este progresismo latinoamericano que representaban mejor Evo Morales, Lula, Chávez, Mujica o Kirchner, ya que jamás levantaron un discurso izquierdista del tono de los otros gobiernos, y fueron abiertamente neoliberales. Los actuales procesos electorales se dan en un clima de incertidumbre y desesperanza generalizada (el mismo clima que propició la derrota del “Apruebo”). Estos gobiernos no ofrecen nada muy novedoso. Algunos, como el caso colombiano, se actualizan en temas de integración, promoviendo la paridad de género en el aparato estatal y nombrando, por ejemplo, en la vicepresidencia a Francia Márquez, siendo la segunda mujer y primera afrodescendiente en ocupar el cargo. Pero las primeras palabras de Petro luego de ser electo fueron claras: “Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud[14]. Este análisis, que ya era fundamentalmente erróneo hace un siglo atrás, cuando fuera promovido por las peores versiones del marxismo y la socialdemocracia, hoy, aparte de anacrónico en sus propios términos, es terriblemente peligroso, pues en países como los nuestros significa principalmente el incremento sin oposición de la explotación y de la depredación de los “recursos naturales”. Pero Petro es transparente en las tampoco tan ocultas premisas ideológicas y planes de gobiernos de estos renovados progresismos, algunos de los cuales se han beneficiado oportunistamente de las últimas revueltas sociales de gran magnitud, principalmente Chile y Colombia (2019 y 2021 respectivamente). Y estas premisas son la pretensión de desarrollar una pequeña industria nacional, objetivo que al poco tiempo de estar en el gobierno es tirado al vertedero, reemplazado por la promoción de la inversión extranjera principalmente en el área de explotación de recursos naturales, prometiendo un clima social más estable gracias, por una parte a la cooptación, y por otra, a la represión más o menos disimulada.

La historia reciente de Latinoamérica y su desarrollo subordinado al gran capital transnacional se pueden comprender desde la reestructuración de los años 70. La crisis del capital en aquellos años, ya mostraba síntomas de agotamiento de un sistema productivo “sobreproductivo”. La recesión de aquellos años, por lo tanto, requirió una reestructuración que liberara las contradicciones acumuladas durante los años posteriores a la II Guerra Mundial con su “ciclo dorado” de acumulación y el consenso entre capital y trabajo denominado keynesianismo –evidentemente sólo posible en los centros de acumulación del capital–. En este sentido, la embestida neoliberal para los países de Latinoamérica (pero no solo para ellos) estuvo ligada a dos fenómenos que explican nuestra situación actual: la financiación de infraestructuras necesarias para la explotación de recursos (materias primas y agroindustria), creando una gran deuda externa con el FMI, aunque desigual entre países; y la proletarización del campesinado que inundó de mano de obra barata al proceso de valorización del capital en esta región. Los países del “tercer mundo” o “sur global” como se les suele denominar, están en la situación que están, producto de los amarres del FMI sobre la región –liberalización de los recursos y recortes estructurales–. El “subdesarrollo” entonces no puede ser superado mediante procesos “neodesarrollistas”, ya que la crisis del capital actual se muestra como una competencia feroz en el plano comercial entre China y USA, guerras imperialistas, y por lo tanto, implica un reordenamiento geopolítico de los grandes capitales, lo que, sin embargo, revela la total interdependencia global: los actuales acontecimientos no son más que la expresión de la hegemonía estadounidense en suspenso.

Existen hoy claros síntomas de desaceleración industrial, o directamente desindutrialización[15], por lo que un proyecto de “industrialización tardía” está destinada al fracaso –y lo consideramos como proyecto fracasado desde hace más de 50 años[16]–, lo que condena a estas regiones a mantener un rol subordinado en la cadena de valor como productores de materias primas. El papel de algunas materias primas (como el cobre y el litio), son cruciales para una supuesta “transición energética”, por lo que, sin duda, los proyectos capitalistas en la región se manifestarán en una mayor subordinación a los dictados del “imperialismo verde”, que los gobiernos de izquierda han adoptado para conseguir réditos[17], a costa de la destrucción de la tierra, el desplazamiento de comunidades indígenas y rurales. Además, esto no se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida del proletariado, sino todo lo contrario: se profundiza la proletarización en medio de una crisis en donde es cada vez más difícil encontrar trabajo formal, los salarios son erosionados por la inflación, crece el crimen organizado, y la descomposición social aumenta considerablemente, etc.

Pero, por, sobre todo, la historia nos ha demostrado que el Estado no es un órgano neutro que pueda ser rellenado con contenidos emancipadores, que dependa de la buena voluntad y gestión de los individuos. El Estado es la organización del capital en cuanto garante-mediador de las relaciones de clase y reproducción del capital. En la actual crisis, consideramos que el Estado es una institución agotada, incapaz de realizar transformaciones mínimamente progresivas –este fenómeno sólo fue posible para los centros de acumulación del capital post II Guerra Mundial, y que actualmente la crisis va desintegrando–. Consideramos estas ilusiones democráticas peligrosas, pues la defensa del Estado y de un proyecto nacional, pueden derivar en una neofascistización del proletariado frente a un estado de crisis duradero. La nueva “marea rosa” en Latinoamérica, frente a una situación de crisis generalizada mundial, no tiene muchas opciones, y hasta el momento los gobiernos se han mostrado bastante pragmáticos, manteniendo (y profundizado en el caso de Chile) las políticas neoliberales, y mejorando los aparatos jurídico-policiales para sofocar la lucha de clases “sin forma”, a la vez que desmovilizan a los sectores del proletariado en sus reivindicaciones más inmediatas , acusándolos de “hacerle el juego a la derecha”[18], todo en defensa de la democracia y del progreso nacional.

 

[1] Entrevista en alemán: https://communaut.org/de/chile-plebiszit-zur-deaktivierung-der-revolte

[2] https://hacialavida.noblogs.org/crisis-lucha-de-clases-y-represion-bajo-el-gobierno-izquierdista-de-boric/

[3] El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre de 2019, establecía la realización de una serie de eventos electorales que partían por un plebiscito de entrada (en un inicio fijado para el 26 de abril de 2020, pero aplazado luego al 25 de octubre debido a la llegada de la pandemia de COVID-19 al territorio), con voto voluntario, para decidir si se iniciaba un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución, siendo “Apruebo” y “Rechazo” a tal iniciativa las opciones a elegir. Además, se debía votar por el tipo de órgano que eventualmente la redactaría: “Convención Mixta Constitucional”, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio; o por una “Convención Constitucional”, integrada exclusivamente por miembros elegidos para tal efecto. Esta última opción era apoyada por la izquierda en general. La opción “Apruebo” a una nueva Constitución se impuso con un categórico 78,27% de las preferencias, mientras que la opción “Convención Constitucional” (presentada por parte de la izquierda como equivalente a una Asamblea Constituyente, cuestión que generó cierto debate), como órgano encargado de redactarla, obtuvo el 78,99% de los votos. Le siguieron entonces las jornadas de elecciones para convencionales constituyentes, realizadas los días 15 y 16 de mayo de 2021, con resultados relativamente sorpresivos, con una derrota dura de la derecha tradicional y parte de la centroizquierda que conformara la ex Concertación de Partidos por la Democracia (que alternó el poder con la derecha luego del fin de la Dictadura), mientras que la llamada Lista del Pueblo, que aglutinaba a personajes efectivamente ligados a la revuelta, se acercaba sorprendentemente al tercio de los escaños. Finalmente, el proceso finalizaría con la celebración del plebiscito de salida, realizado el pasado 4 de septiembre, en el que nuevamente se debía optar entre las alternativas “Apruebo” y “Rechazo” al texto elaborado por la Convención Constitucional, que ha sido la primera elección con voto obligatorio desde que se reformara el Registro Electoral (2008). www.bcn.cl/procesoconstituyente/plebiscito2020

[4]Cada una de las empresas socias del Consejo Minero tiene una producción de más de 50.000 toneladas de cobre fino al año, o una cantidad económicamente equivalente en otros metales”. https://consejominero.cl/

[5] Incluso algunos intelectuales con una postura favorable a la nueva constitución, como el argentino Roberto Gargarella, afirmaban que existe “una obsesión por la incorporación de ‘nuevos derechos’, que termina expresada en una lista de derechos (el Bill of Rights) que se expande y renueva en desmedro de –y de espaldas a– una organización del poder (la ‘sala de máquinas’) que permanece demasiado parecida a sí misma. La estructura institucional sigue estando demasiado en línea con el modelo ‘tradicional’ (poderes concentrados en el presidente, un Senado –ahora, Cámara de Regiones– todavía fuerte, un Poder Judicial algo vetusto que se ‘renueva’ con un Consejo de la Magistratura, por ejemplo). Se trata de dificultades en absoluto ajenas a la Constitución de 1980. Por tanto, y contra lo que dicen sus críticos, el riesgo no es el de una ‘revolución de los derechos’, sino el de que esos derechos no lleguen a ganar vida en la práctica, al quedar dependientes de la discrecionalidad del presidente y de los viejos poderes. El problema constitucional en cuestión, por lo tanto, se debería a ‘lo poco’, y no a ‘lo mucho’: no a que se fue ‘demasiado lejos’, sino a que permaneció ‘demasiado cerca’. https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-proyecto-de-dejar-atras-la-constitucion-de-pinochet-nid16072022/

[6] https://interferencia.cl/articulos/segpres-contrato-trato-directo-el-mercurio-para-imprimir-propuesta-de-nueva-constitucion

[7] https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-boric-asegura-plena-garantia-al-acuerdo-oficialista-para-reformar-texto-constitucional/5SCJE3FG7ZHPXFAAM22GXCWDHA/

[8] Recomendamos la lectura del primer número de la publicación “Ya No Hay Vuelta Atrás” (diciembre 2019), cuyo texto principal llevaba por título “¿Convención constituyente o asambleas territoriales autónomas?”. https://hacialavida.noblogs.org/boletin-ya-no-hay-vuelta-atras-reflexiones-sobre-la-revuelta/

[9] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/15/mas-de-2-millones-de-personas-participaron-en-la-consulta-ciudadana-mayoria-se-inclina-por-una-nueva-constitucion-y-convencion-constitucional/

[10] Lasalle concluye que “elaborar una Constitución escrita era lo menos importante, lo menos urgente” comparado con la labor de “modificar y desplazar los factores reales y efectivos de poder presentes en el país”. Eso era lo que “había que echar por delante, para que la Constitución escrita que luego viniera fuese algo más que un pedazo de papel”. Por eso la conferencia [de Lasalle] concluye recomendando al público: “si vuelven a verse alguna vez en el trance de tener que darse a sí mismos una Constitución, espero que sabrán ustedes ya cómo se hacen estas cosas, y que no se limitarán a extender y firmar una hoja de papel, dejando intactas las fuerzas reales que mandan en el país”. Cita tomada de “La ilusión constituyente” (http://carcaj.cl/la-ilusion-constituyente/), texto incluido en el dossier “La democracia es el orden del capital. Apuntes contra la trampa constituyente”, publicado como número especial de la publicación “Ya No Hay Vuelta Atrás”, octubre 2020. https://hacialavida.noblogs.org/revista-la-democracia-es-el-orden-del-capital-apuntes-contra-la-trampa-constituyente-n-especial-ya-no-hay-vuelta-atras-octubre-2020/

[11]El que vio Chernóbil, sabe que este tipo de explosiones hay que confinarlas, no apagarlas. Y confinarla significa encauzarla, a través de algún procedimiento. En ese sentido, es muy importante el proceso constituyente, que ya juega un papel relevante”. Eugenio Tironi (ex funcionario de los gobiernos de la Concertación y consultor, 18 de enero de 2020, https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes//entrevistas-reportajes/2020/01/18/eugenio-tironi-nos-salvamos-todos-o-nos-ahogamos-todos-vivimos-en-peligro.shtml). “Sabía que no era un acuerdo perfecto, pero era la mejor alternativa disponible para las difíciles circunstancias en que estábamos. ¿Acaso existía un contrafactual mejor? ¿Había otra alternativa razonable realmente? El pacto de noviembre, con todas sus dificultades, permitió darle un cauce al estallido de octubre, posibilitando la continuidad en vez de la ruptura, la institucionalidad en vez del caos, la reforma en vez de la revolución”. Gonzalo Blumel, entonces Ministro del Interior. https://www.theclinic.cl/2021/11/15/a-dos-anos-del-15n-que-recuerdan-14-protagonistas-del-acuerdo-que-cambio-el-rumbo-del-pais/

[12] https://www.bcn.cl/historiapolitica/convencionales_constituyentes/ficha/Rodrigo_Rojas_Vade

[13] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/10/05/reportan-nueva-jornada-de-incidentes-en-los-alrededores-del-inba-y-el-liceo-barros-borgono/

[14] https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/19/petro-discurso-capitalismo-colombia-elecciones-orix/

[15] Al respecto ver: Benanav, Aaron (2021) La automatización y el futuro del trabajo. Madrid: Traficantes de sueños.

[16] El único país que logró algún grado de desarrollo industrial en Latinoamérica fue Brasil, el cual tiene los peores rendimientos dentro de los BRICS en términos de PIB, además de un porcentaje muy alto de trabajo informal, consecuencias de un modelo de desarrollo agotado desde los años 70. Ver: “Perdemos!: Qualquer que seja o resultado da votação de domingo, perdemos”. https://passapalavra.info/2022/10/146248/

[17] AMLO en México nacionalizó el Litio, por ejemplo.

[18] En Brasil incluso han sido integrados estos movimientos mediante relaciones clientelares.