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Crisis, lucha de clases y represión bajo el gobierno izquierdista de Boric
El presente texto corresponde a la presentación que realizaron dos compañer@s de nuestro colectivo el día jueves 23 de febrero en el Centro Social Autogestionado Pasamontaña, ubicado en la zona de Korydallos, al oeste de Atenas en la región griega. Esta actividad denominada, “De Grecia a Chile: el papel de la izquierda del capital en la represión y en la recuperación de las luchas sociales”, fue posible gracias a la coordinación y gestión de l@s compañer@s de Pasamontaña [Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Pasamontaña[1]] y del Proyecto Comunista Antiautoritario Antithesi [Αντιεξουσιαστικό Κομμουνιστικό Εγχείρημα Αντίθεση[2]], de quienes estamos profundamente agradecid@s. En la elaboración colectiva de este documento, tratamos de ser sintéticos y no ahondar en muchos aspectos que se mencionan, para así privilegiar el debate, el análisis teórico y el intercambio de información y experiencias con l@s compañer@s grieg@s, como también para facilitar la tarea de traducción. En la discusión los puntos de acuerdos fueron muchísimos, ya que a pesar de la enorme distancia geográfica y el desfase temporal de casi diez años (2008-2019), l@s proletari@s, tanto en Chile como en Grecia, impulsados en un inicio por una minoría juvenil muy dinámica, protagonizaron imponentes revueltas, que sin embargo, no lograron transformarse en un movimiento revolucionario de destitución y abolición del capitalismo, dando paso al ascenso de la izquierda, el progresismo y la socialdemocracia (Syriza en Grecia, Apruebo Dignidad en Chile), quienes desempeñan un impecable papel como gestores del Estado y gendarmes del Capital.
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La derrota del “Apruebo” en el plebiscito por la nueva Constitución
Son varios los elementos a considerar para entender la derrota electoral del “Apruebo”[3], y no es tan sencillo determinar la forma en que todos ellos interactúan. Pero, primero, es necesario realizar algunas precisiones acerca del contenido y verdadero alcance del borrador constitucional rechazado el pasado 4 de septiembre de 2022. Si bien se le había señalado como el texto constitucional más progresista del mundo, incluso en su propia lógica, en varios aspectos no hacía sino reafirmar, ya no solo las propias lógicas capitalistas, cuestión que ninguna carta magna puede llegar a poner en entredicho, sino el marcado carácter neoliberal de la economía y sociedad chilena. En materia de explotación de recursos naturales, por ejemplo, el borrador no distaba mucho de lo que el mismo empresariado requería. Respecto a la minería del cobre, actividad económica central del país, en lo esencial la propuesta constituyente recogía lo que el Consejo Minero, integrado por las principales empresas del rubro operando en el país[4], dictaba. Sobre la incorporación de derechos demandados por diversos sectores de la población, la propuesta fallaba por aparecer como un compendio de derechos formulados en el lenguaje de la academia progresista, y mucho menos ambiciosa que lo que difusamente se planteaba en las calles durante las primeras jornadas de la revuelta. Un análisis del contenido del borrador da cuenta de que se alejaba bastante de las pretensiones incluso de sectores izquierdistas moderados. Durante todo el desarrollo del proceso se fueron dando polémicas respecto a la forma final que iban tomando los diversos artículos del texto, inofensivos en general con los intereses de la clase capitalista, y también respecto a los mecanismos de representación de los sectores políticos dentro de la Convención Constitucional, que finalmente dio poder a la derecha y partidos de los gobiernos de la ex Concertación, pese a su aplastante derrota en las elecciones de constituyentes. Ahora, desde luego, el triunfo del rechazo no se encuentra en el hecho de que la mayoría de la población compartiera esta apreciación del texto. En realidad, muy poca gente, incluso partidaria del Apruebo, leyó el borrador, a pesar de que el mismo gobierno imprimiera cientos de miles de copias para su distribución.
Sin duda que los contextos sociales a nivel nacional e internacional son bastante distintos entre los eventos del primer plebiscito (2020) y del reciente 4 de septiembre. En los meses actuales, los golpes de la crisis generalizada del capital se dejan sentir con fuerza en la región, con una muy alta inflación –que llegó al 12.8% en enero 2023– y un consecuente aumento del costo de vida. En este sentido, ante un clima de incertidumbre generalizada, la propuesta de nueva constitución parecía incrementar la inestabilidad. Frente a la crisis, el comportamiento del voto popular se comporta de forma conservadora. Esto se encuentra ligado a la percepción misma del proceso y del gobierno. Ante un inicial rechazo a la política tradicional evidenciado en las últimas elecciones, ésta parecía de nuevo retomar el control tanto dentro de la CC como en el gobierno y congreso, restando entusiasmo y apoyo a las propuestas progresistas. Se sumaba el hecho de que el voto fuera obligatorio bajo amenaza de multa. No hay que dejar de mencionar que, en los meses previos, desde el mismo gobierno se encargaron de quitarle importancia al plebiscito, afirmando que cualquiera fuera el resultado, debería ser el Parlamento el que finalmente diera al borrador su versión definitiva[5]. También, era parte de la intuición colectiva que la propuesta era insostenible en muchos aspectos, prometiendo derechos abstractos al mismo tiempo que aseguraba las actividades económicas que impedirían su cumplimiento. Por lo demás, su implementación sería lenta y cara, lo que nuevamente se leyó como algo negativo por parte de gran parte de la población, y por cierto que fueron elementos utilizados por la derecha y su campaña por el rechazo.
También, cabe destacar, que se trató de un voto de desaprobación a los primeros meses de gobierno, en los que, bajo la excusa de la responsabilidad fiscal, se han dado políticas de austeridad aún más notorias que las del anterior gobierno de Piñera.
Nos gustaría dejar en claro que para nosotr@s el resultado del plebiscito no significa una tendencia a la derechización de la población en general, tal como acusara un amplio espectro del izquierdismo, que se desató durante los días posteriores al plebiscito despotricando contra el “populacho ignorante”, sino que corresponde a una manifestación puntual, alimentada por la actividad del izquierdismo en el gobierno y sus “apoyos críticos”, bajo un contexto social específico de crisis global. En cualquier caso, la derrota del Apruebo no fue percibida como una gran victoria popular. No hubo celebraciones masivas ni en el centro de las ciudades, ni mucho menos en las periferias. Los sectores más abiertamente reaccionarios y de derecha lo evaluaron como un triunfo, pero incluso entre sus filas muchos fueron cautos a la hora de atribuirse todos los votos de la opción vencedora en el plebiscito.
Finalmente, el proceso no fue una “farsa” o “espectáculo” solo por ser insuficiente o por su origen viciado en el “Acuerdo por la Paz Social” negociado a puertas cerradas, sino porque se posicionó como la mejor vía de desactivación de la revuelta. Fueron notorios los esfuerzos del progresismo por intentar hacer plegarse a su demanda a las masas insurrectas. También se torna evidente que la demanda por una nueva constitución es más propia de los partidos políticos tradicionales en un contexto de crisis política, que una reivindicación espontánea de la población en general. Así que criticamos el proceso tanto por la necesidad de aclarar el rol histórico y fundamental de la maquinaria estatal, como por el carácter específicamente reaccionario del proceso en Chile y su imposibilidad práctica de ofrecer mejoras significativas, o incluso algunas menores, en las condiciones de vida de nuestra clase. En este mismo sentido, es necesario desmontar la mitología que la izquierda del capital está construyendo sobre la revuelta. Para ellos, correspondería a una explosión de descontento de las clases medias, pacífica en general, que se vio manchada por actos violentos (como los saqueos, principalmente) organizados por ultraizquierdistas, lumpen y bandas de narcotraficantes, cuyo camino lógico ascendente fue el proceso constituyente, el que supuestamente perdió a causa de las fake news de la derecha o por una inmadurez política extendida.
Crisis y callejón sin salida del progresismo
En Latinoamérica los gobiernos progresistas no ofrecen nada muy novedoso. Algunos, como el caso colombiano, se actualizan en temas de integración, promoviendo la paridad de género en el aparato estatal y nombrando, por ejemplo, en la vicepresidencia a Francia Márquez, siendo la segunda mujer y primera afrodescendiente en ocupar el cargo. Pero las primeras palabras de Petro luego de ser electo fueron claras: “Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud”[6]. Este análisis, que ya era fundamentalmente erróneo hace un siglo atrás, cuando fuera promovido por las peores versiones del marxismo y la socialdemocracia, hoy, aparte de anacrónico en sus propios términos, es terriblemente peligroso, pues en países como los nuestros significa principalmente el incremento sin oposición de la explotación y de la depredación de los “recursos naturales”. Pero Petro es transparente en las tampoco tan ocultas premisas ideológicas y planes de gobiernos de estos renovados progresismos, algunos de los cuales se han beneficiado oportunistamente de las últimas revueltas sociales de gran magnitud, principalmente Chile y Colombia (2019 y 2021 respectivamente). Y estas premisas son la pretensión de desarrollar una pequeña industria nacional, objetivo que al poco tiempo de estar en el gobierno es tirado al vertedero, reemplazado por la promoción de la inversión extranjera principalmente en el área de explotación de recursos naturales, prometiendo un clima social más estable gracias, por una parte, a la cooptación, y por otra, a la represión más o menos disimulada.
La historia reciente de Latinoamérica y su desarrollo subordinado al gran capital transnacional se pueden comprender desde la reestructuración de los años 70. La crisis del capital en aquellos años, ya mostraba síntomas de agotamiento de un sistema productivo “sobreproductivo”. La recesión de aquellos años, por lo tanto, requirió una reestructuración que liberara las contradicciones acumuladas durante los años posteriores a la II Guerra Mundial con su “ciclo dorado” de acumulación y el consenso entre capital y trabajo denominado keynesianismo –evidentemente sólo posible en los centros de acumulación del capital–. En este sentido, la embestida neoliberal para los países de Latinoamérica (pero no solo para ellos) estuvo ligada a dos fenómenos que explican nuestra situación actual: la financiación de infraestructuras necesarias para la explotación de recursos (materias primas y agroindustria), creando una gran deuda externa con el FMI, aunque desigual entre países; y la proletarización del campesinado que inundó de mano de obra barata al proceso de valorización del capital en esta región. Los países del “tercer mundo” o “sur global” como se les suele denominar, están en la situación que están, producto de los amarres del FMI sobre la región –liberalización de los recursos y recortes estructurales–. El “subdesarrollo” entonces no puede ser superado mediante procesos “neodesarrollistas”, ya que la crisis del capital actual se muestra como una competencia feroz en el plano comercial entre China y USA, guerras imperialistas, y por lo tanto, implica un reordenamiento geopolítico de los grandes capitales, lo que, sin embargo, revela la total interdependencia global: los actuales acontecimientos no son más que la expresión de la hegemonía estadounidense en suspenso.
Existen hoy claros síntomas de desaceleración industrial, o directamente desindustrialización[7], por lo que un proyecto de “industrialización tardía” está destinada al fracaso –y lo consideramos como un proyecto fracasado desde hace más de 50 años[8]–, lo que condena a estas regiones a mantener un rol subordinado en la cadena de valor como productores de materias primas. El papel de algunas materias primas (como el cobre y el litio), son cruciales para una supuesta “transición energética”, por lo que sin duda, los proyectos capitalistas en la región se manifestarán en una mayor subordinación a los dictados del “imperialismo verde”, que los gobiernos de izquierda han adoptado para conseguir réditos[9], a costa de la destrucción de la tierra, el desplazamiento de comunidades indígenas y rurales. Además, esto no se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida del proletariado, sino que, todo lo contrario: se profundiza la proletarización en medio de una crisis en donde es cada vez más difícil encontrar trabajo formal, los salarios son erosionados por la inflación, crece el crimen organizado, y la descomposición social aumenta considerablemente, etc.
Pero, por, sobre todo, la historia nos ha demostrado que el Estado no es un órgano neutro que pueda ser rellenado con contenidos emancipadores, que dependa de la buena voluntad y gestión de los individuos. El Estado es la organización del capital en cuanto garante-mediador de las relaciones de clase y reproducción del capital. En la actual crisis, consideramos que el Estado es una institución agotada, incapaz de realizar transformaciones mínimamente progresivas –este fenómeno sólo fue posible para los centros de acumulación del capital post II Guerra Mundial, y que actualmente la crisis va desintegrando–. Consideramos estas ilusiones democráticas peligrosas, pues la defensa del Estado y de un proyecto nacional, pueden derivar en una neofascistización del proletariado frente a un estado de crisis duradero. La nueva “marea progresista” en Latinoamérica, frente a una situación de crisis generalizada mundial, no tiene muchas opciones, y hasta el momento los gobiernos se han mostrado bastante pragmáticos, manteniendo (y profundizado en el caso de Chile) las políticas neoliberales, y mejorando los aparatos jurídico-policiales para sofocar la lucha de clases “sin forma”, a la vez que desmovilizan a los sectores del proletariado en sus reivindicaciones más inmediatas , acusándolos de “hacerle el juego a la derecha”, todo en defensa de la democracia y del progreso nacional.
Lucha de clases, desmovilización y represión
Lo primero que hay que señalar, es que los grupos de izquierda fueron agentes protagónicos en la desmovilización callejera –con la excusa de que no había que ensuciar la gestión estatal de Boric, el proceso constituyente, ni “hacerle el juego a la derecha”– y en la desaparición de organismos autónomos de la clase, eliminando cualquier discusión que se escapase de la agenda electoral o del debate constitucional.
En general, la izquierda, incluso la que se define como revolucionaria, y un amplio espectro del anarquismo, sucumbió sin resistencia y de buena gana al entrampamiento democrático, que se mostraba transparentemente como lo que realmente era. En este sentido, la izquierda del capital sintetizó y aclaró su rol histórico como agente de conservación de las relaciones capitalistas. Se hizo evidente una pobreza teórica y la incapacidad de asimilar las lecciones históricas en un vasto sector de compañer@s.
La revuelta abrió un ciclo de luchas que hoy enfrenta una oleada contrarrevolucionaria pero que no ha sido totalmente cerrado, menos aun considerando el contexto de crisis generalizada y mundial, una de cuyas manifestaciones precisamente fue la imponente revuelta social de la región chilena.
Al fracasar la vía institucional del plebiscito, se han registrado algunas manifestaciones que han tenido la intención de replicar las prácticas radicales que habían tenido éxito en generar una ruptura con la cotidianeidad capitalista durante la revuelta, como lo fueron bloquear calles y vías de metro, o saltar torniquetes, evadiendo el pago del pasaje de manera colectiva. Las disrupciones violentas por parte del proletariado han seguido teniendo una presencia minoritaria pero ruidosa en el país durante todo el 2022, aunque concentradas principalmente en Santiago y llevadas adelante por estudiantes secundari@s de liceos emblemáticos que derivan normalmente en enfrentamientos violentos e incendiarios con las fuerzas represivas de Control de Orden Público, ante lo cual el gobierno ha reaccionado presentando casi un centenar de querellas por medio del Ministerio del Interior y manteniendo vigente la nefasta “Ley Aula Segura”. Esta expresión de contestación social sin petitorios, motivos claros y detallados, y, en cierta medida, “sin forma” y salvaje, parece ser propia y característica de las luchas proletarias de hoy en día: nosotr@s vemos en ellas una especie de negación intuitiva con todo el orden existente.
Por su parte, el movimiento mapuche autónomo continúa expropiando territorio y realizando sabotajes a maquinarias e infraestructuras capitalistas casi cotidianamente, a pesar del estado de excepción que se ha vuelto permanente en la denominada “macrozona sur”, lo que se traduce en la presencia militar que patrulla y realiza controles en carreteras y caminos, y protege “infraestructuras estratégicas”.
La administración Boric no tardó mucho en mostrar una brutal continuidad con el gobierno anterior tanto en términos represivos, como en la implementación de políticas que favorecen una reestructuración capitalista en desmedro de nuestras ya precarias condiciones de vida. Y no puede ser de otra manera, ya que no hay que olvidar que Boric fue un actor clave en la gestión del contrarrevolucionario “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 para canalizar la potencia de la revuelta en el marco de la institucionalidad e iniciar un proceso de restauración capitalista cuyo eje central era crear una nueva Constitución.
Las promesas de campaña, muchas de ellas reformas de carácter estructural, escasamente han sido implementadas y tampoco existe ningún indicio de que se hagan realidad en el futuro cercano, sobre todo, cuando su coalición apostó todo a “realizar las grandes transformaciones que Chile necesita” luego de una supuesta victoria electoral en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, lo que como ya sabemos no solo no ocurrió, sino que fue un rotundo fracaso. Quizás la única excepción fue el insuficiente indulto presidencial de fin de año que benefició a 12 presos de la revuelta y a 1 ex militante del FPMR acusado sin pruebas de un asalto bancario. Esto ha generado una gran polémica en la casta política, y debido a un requerimiento de “Chile Vamos” y Demócratas, actualmente el Tribunal Constitucional ha declarado admisible la revisión de 7 de los casos, lo que hace posible su anulación y el nuevo encarcelamiento de estos compañeros.
Además, no se han derogado las medidas represivas como la “Ley antisaqueos y antibarricadas” (Ley 21.208) y se continúa aplicando selectivamente la Ley de Seguridad del Estado, tal y como ocurrió con el vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco-CAM, Héctor Llaitul, quien se encuentra en prisión preventiva –así como muchos otros weichafe (guerreros) de la CAM y de otras organizaciones, que han sido detenidos durante el 2022–. La represión selectiva se ha llevado adelante también contra compañer@s del entorno anarquista; “Caso ataque explosivo a Dirección General de Gendarmería” y “Caso ataque incendiario a frigorífico de Carnes Susaron”, así como también, a manifestantes detenidos en contexto de lucha callejera.
Por otra parte, el discurso de “mano dura” contra el crimen y la migración “ilegal”, no tienen nada que envidiar a la ultraderecha más reaccionaria. “O se regularizan o se van”, fue el ultimátum de Boric hacia las y los extranjeros que se encuentran en situación irregular en la región chilena, lo que se suma a la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia para “contener la crisis migratoria”. “Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”, vociferó Boric, mientras el gobierno ya se encuentra estudiando la implementación de “estrategias mexicanas” –con todo lo que ello implica– para combatir la creciente criminalidad. A todo esto, se le agrega la irrisoria reforma de Carabineros, que se reduce al cambio del uniforme, y a una disminución en los requisitos de reclutamiento: ahora podrán ser policías personas de menor estatura, con tatuajes, pie plano o con caries. El apoyo a Carabineros por parte del gobierno ha sido incondicional, y en este sentido, cientos de casos de violencia policial ocurridos durante la revuelta, que incluyen torturas, abusos sexuales y asesinatos, han quedado totalmente impunes.
La aprobación en principio del Acuerdo Transpacífico-TPP11, al que se oponen diversas organizaciones sociales –y al que el mismo Boric se oponía hace algunos años– debido a que profundiza el devastador modelo de acumulación extractivista, privatiza el uso de semillas, y deja en suspenso la legislación laboral –entre otras nefastas consecuencias–; y el proyecto de “reforma previsional”, que no cuestiona en nada los fundamentos del agotado sistema de pensiones representado por las AFP, que entrega pensiones de hambre, mantiene el financiamiento por medio de las cotizaciones de l@s trabajador@s a los grandes grupos económicos, y que ni siquiera se acerca a algo parecido a un “sistema de seguridad social” existente en los países centrales, son solo dos ejemplos más de la línea que se ha trazado el gobierno de Boric.
Proyecciones
La situación de potencial escalamiento de la guerra, o al menos, de una guerra de larga duración que afecta a la cadena de suministros globales en mercancías estratégicas (energía, fertilizantes, alimentos), sumado al aumento de las tasa de interés de la FED (cercano al 4%[10]) y su efecto sobre la atracción de capitales hacia USA –desincentivando la inversión en otras regiones–, hace poco probable que nuestras condiciones de vida vayan a mejorar durante los próximos dos años, lo contrario es casi un hecho. En la región chilena es factible que la inflación se mantenga persistentemente sobre los dos dígitos; que el desempleo (cuya cifra oficial es del 7.9% en el último trimestre de 2022), la economía informal (26.7% en octubre de 2022[11]) y la creación de trabajo precario sigan creciendo[12]; y que el extractivismo se promueva desde el gobierno de izquierda, aumentando de esta forma las zonas de sacrificio: las palabras de Mario Marcel, Ministro de Hacienda, ante el rechazo del proyecto minero-portuario de Dominga, son elocuentes al respecto, “No es motivo para celebrar, uno quisiera que los proyectos salieran adelante con pleno cumplimiento de las exigencias medioambientales”.
En medio de este panorama, creemos que las minorías revolucionarias tienen varias tareas urgentes que realizar. La primera, y más obvia, es promover la necesidad de profundizar teóricamente el tiempo que nos ha tocado vivir, fomentando la discusión y el debate fraterno entre diversos grupos y colectivos del entorno radical, pero también llevando esas discusiones hacia fuera. Por otra parte y ligado a lo anterior, resulta vital dotarse de un espíritu de movimiento, que incentive la creación de iniciativas de asociatividad y redes proletarias que interactúen permanentemente entre sí, que paulatinamente comiencen a superar la fragmentación y el sectarismo al que estamos lamentablemente habituados.
Por otra parte, las minorías activas deben funcionar como vasos comunicantes entre las distintas luchas que emergerán, manteniendo férreamente posiciones antagónicas en los espacios que ayuden a ir superando las separaciones propias de las relaciones capitalistas y que sean capaces de ir promoviendo el horizonte comunista como única posibilidad realista de futuro. También consideramos que en medio de un escenario de crisis multidimensional, se debe fomentar y participar en aquellas instancias de autoorganización proletaria vinculadas a la subsistencia y la supervivencia (ollas comunes, huertos comunitarios, organizaciones de salud, cuidado comunitario, etc.), que ligadas a la reproducción social, pueden convertirse en embriones de potencialidad comunista.
Por último, pensamos que se ha vuelto necesario retomar el debate sobre la “toma de los medios de producción” y su comunización, en el seno de nuestra clase. Tomando en cuenta en que vivimos en un mundo con una división del trabajo complejo, creemos que aún existen posibilidades de sostener procesos de comunización en aquellos sectores estratégicos imprescindibles para mantener la reproducción social (alimentación, energía, telecomunicaciones, salud y vivienda) que puedan ir desarrollándose a nivel local/regional durante un proceso más largo de lucha internacional.
Colectivo Vamos Hacia la Vida
[1] http://pasamontana.blogspot.com/
[2] https://antithesi.gr/
[3] El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 establecía la realización de una serie de eventos electorales que partían por un plebiscito de entrada (en un inicio fijado para el 26 de abril de 2020, pero aplazado luego al 25 de octubre debido a la llegada de la pandemia de COVID-19 al territorio), con voto voluntario, para decidir si se iniciaba un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución, siendo “Apruebo” y “Rechazo” a tal iniciativa las opciones a elegir. Además, se debía votar por el tipo de órgano que eventualmente la redactaría: “Convención Mixta Constitucional”, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio; o por una “Convención Constitucional”, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Esta última opción era apoyada por la izquierda en general. La opción “Apruebo” a una nueva Constitución se impuso con un categórico 78,27% de las preferencias, mientras que la opción “Convención Constitucional” (presentada por parte de la izquierda como equivalente a una Asamblea Constituyente, cuestión que generó cierto debate), como órgano encargado de redactarla, obtuvo el 78,99% de los votos. Le siguieron entonces las jornadas de elecciones para convencionales constituyentes, realizadas los días 15 y 16 de mayo de 2021, con resultados relativamente sorpresivos, con una derrota dura de la derecha tradicional y parte de la centroizquierda que conformara la ex Concertación de Partidos por la Democracia (que alternó el poder con la derecha luego del fin de la Dictadura), mientras que la llamada Lista del Pueblo, que aglutinaba a personajes efectivamente ligados a la revuelta, se acercaba sorprendentemente al tercio de los escaños. Finalmente, el proceso finalizaría con la celebración del plebiscito de salida, realizado el pasado 4 de septiembre, en el que nuevamente se debía optar entre las alternativas “Apruebo” y “Rechazo” al texto elaborado por la Convención Constitucional, que ha sido la primera elección con voto obligatorio desde que se reformara el Registro Electoral (2008). www.bcn.cl/procesoconstituyente/plebiscito2020
[4] “Cada una de las empresas socias del Consejo Minero tiene una producción de más de 50.000 toneladas de cobre fino al año, o una cantidad económicamente equivalente en otros metales”. https://consejominero.cl/
[5] https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-boric-asegura-plena-garantia-al-acuerdo-oficialista-para-reformar-texto-constitucional/5SCJE3FG7ZHPXFAAM22GXCWDHA/
[6] https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/19/petro-discurso-capitalismo-colombia-elecciones-orix/
[7] Al respecto ver: Benanav, Aaron (2021) La automatización y el futuro del trabajo. Madrid: Traficantes de sueños.
[8] El único país que logró algún grado de desarrollo industrial en Latinoamérica fue Brasil, el cual tiene los peores rendimientos dentro de los BRICS en términos de PIB, además de un porcentaje muy alto de trabajo informal, consecuencias de un modelo de desarrollo agotado desde los años 70. Ver: “Perdemos!: Qualquer que seja o resultado da votação de domingo, perdemos”. https://passapalavra.info/2022/10/146248/
[9] AMLO en México nacionalizó el Litio, por ejemplo.
[10] Federal funds rate FED, intereses actuales e históricos del Banco Central Estadounidense (global-rates.com)
[11] https://radio.uchile.cl/2022/10/12/fundacion-sol-solo-el-284-de-las-personas-ocupadas-tiene-un-empleo-protegido/#:~:text=El%2026%2C7%25%20de%20las,pr%C3%A1cticas%20de%20protecci%C3%B3n%20del%20empleo.
[12] “Si vemos a todas estas personas que tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial, vemos que son más de 2 millones de personas, y eso corresponde a una tasa de subempleo de la fuerza de trabajo de un 20.1%”. https://radio.uchile.cl/2023/01/30/fundacion-sol-y-cifras-de-desocupacion-el-enfasis-de-la-recuperacion-no-ha-estado-puesta-en-empleos-de-calidad/