Nota Vamos hacia la vida: difundimos a continuación la transcripción de un folleto repartido el 27 de noviembre en el contexto de una concentración por la libertad de lxs presxs de la revuelta de este octubre-noviembre frente al Centro de Justicia de Santiago. Además adjuntamos un enlace para la descarga imprimible del folleto. Tanto la transcripción como el enlace para la descarga del folleto fueron extraidos del sitio Anemófila.org

El estallido insurreccional iniciado el 18 de octubre, impulsado inicialmente por estudiantes evasores del transporte público, dio pie a generalizadas jornadas de protesta y revuelta popular, las cuales, se siguen perpetuando hasta el día de hoy. En este contexto, son cientxs lxs compañerxs que han caído en las manos del sistema carcelario por legitimar y practicar la violencia política contra las estructuras del poder, ya sean bancos, instituciones gubernamentales, iglesias, centros comerciales y otros símbolos del capital.

La cárcel, en este sentido, se presenta como uno de los principales mecanismos de control social, cuyo objetivo es amedrentar, violentar y anular a las individualidades en lucha. Se trata de la instancia de castigo para las personas que no se adaptan a la ordenada rutina de la sociedad burguesa y sus leyes al servicio de la dominación. Ante el monopolio de la violencia por parte del Estado, lxs anarquistas recalcamos la necesidad de extender el conflicto para el desarrollo de una revuelta permanente, que busque atentar contra un sistema demócrata-autoritario que ha perpetuado la desarticulación del tejido social, la acumulación de riqueza, la obediencia ciega de los sectores subalternos al poder y el encierro como práctica institucional de castigo. Ante esta situación y desde una perspectiva antiautoritaria, se torna fundamental entender la violencia como método legitimo y necesario de enfrentamiento con el poder. Este proceso de revuelta dejó demostrado que solo la violencia de lxs oprimidxs puede hacer temblar los pilares del dominio estatal-capitalista y todo tipo de autoridad.

¡POR LA EXTENSIÓN DE LA INSURRECCIÓN GENERAL Y LA DESTRUCCIÓN DE TODAS LAS CÁRCELES!
¡PRESAS Y PRESOS DE LA REVUELTA A LA CALLE!

Informativo del actual contexto represivo

¿Qué es el estado de Emergencia?

El estado de emergencia se aplica en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado. El gobierno se reserva el poder de restringir las libertades personales, allanamientos de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.​ Durante ese estado las fuerzas armadas asumen el control de orden interno.
Durante el estado de emergencia en la revuelta de octubre, hubo cerca de 1.500 detenidxs catalogadxs bajo delitos graves, como incendios, saqueos, y destrucciones de propiedad pública y privada. El Ministerio del Interior presentó 228 querellas bajo estado de emergencia, 207 por hechos que atentan contra la seguridad del Estado y 21 por incendios asociados a la destrucción de estaciones del Metro, a los cuales se les quiere aplicar la ley de seguridad del estado.

En qué consiste la Ley de Seguridad del Estado?

Distintas autoridades del E$tado han aludido a esta ley como parte de las medidas que han desplegado para recuperar el control del orden. La Ley de Seguridad del Estado es creada en 1950, y fue luego reformada durante la dictadura militar. Esta legislación abarca dos dimensiones diferentes: los delitos que amenazan la seguridad del estado, y las conductas que atentan contra el orden público. ya que también tiene por finalidad reprimir conductas que tienen un objetivo político e ideológico. Dentro de esta ley se contempla la aplicación de la Ley de Conductas Terroristas y parte de la Ley de Control de Armas.
Luego del estallido de la revuelta ha aumentado el número de presxs preventivxs, sobre todo por el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los delitos que conforman esta ley son los ataques contra el orden público como los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad públicas.
Las penas por estos delitos pueden ir desde presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a cinco años de prisión) a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años de prisión). Estas posibles condenas son significativamente mayores a las que se consideran si se acude a la legislación penal común, donde si es que hubo daños superiores a 4 UTM pero inferiores a 40 UTM (190 mil a 1,9 millones de pesos), los responsables se exponen a una pena de entre 541 días hasta 5 años de cárcel, además de una multa de 11 a 20 UTM (525 mil a 954 mil pesos).
El subsecretario del Interior informó hace unos días que se han presentado 228 querellas por ley de seguridad del Estado a personas que hoy se encuentran en prisión preventiva.

Sobre las detenciones

Lxs detenidxs desde el inicio de las protestas superan los 22 mil: cerca de 1.500 están en prisión preventiva. Entre el 18 de octubre y el 17 de noviembre pasado se realizaron 13.703 audiencias de control de detención en la region chilena, con un total de 22.256 imputadxs. El dia con más detenidxs fue el 21 de octubre, con 1.208 audiencias. En la mayor parte de los casos, las imputaciones fueron por robos en lugar no habitado (tipificación legal de los saqueos), receptaciones, desórdenes públicos, hurto, porte ilegal de armas y lesiones menos graves.
1.509 Personas quedaron en prisión preventiva. Los delitos imputados son: Robo en lugar no habitado (27%), robo con intimidación (10%), receptación (7%), robo en lugar habitado (5%), porte ilegal de armas (17%) atentado incendiario (14%).

Detenidxs por ataques incendiarios

La policía ha detenido en total a 120 personas por ataques incendiarios en la región chilena. De este número el 60% tenía antecedentes penales y/o policiales previos. En Santiago 21 comunas concentran el 36% de las detenciones por molotov.
De lxs detenidxs, 46 son hombres y tres son mujeres. Sus edades fluctúan entre los 14 y 55 años, con un promedio de edad de 22 años. De todos ellos hay 18 hombres y una mujer que son menores de edad, es decir, el 39% del total.